Luciani apuntó directamente a la figura de la entonces vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a quien sindicó como la “líder de una organización delictiva” cuyo objetivo habría sido apropiarse de fondos públicos mediante la adjudicación direccionada de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, el 6 de diciembre de ese mismo año, el Tribunal Oral Federal N.° 2 dictó una condena menos severa, encontrándola culpable del delito de administración fraudulenta.
A pesar de ello, la acusación original no perdió fuerza. En 2023, el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, sostuvo la línea de su colega y reclamó una pena de 12 años de prisión. Pero el 13 de noviembre de 2024, los magistrados de ese tribunal desecharon esa solicitud y confirmaron el fallo previo, allanando el camino hacia la última instancia: la Corte Suprema de Justicia.
Esta semana, el expediente volvió a ocupar el centro del escenario político y judicial. El miércoles 16 de abril de 2025, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, recibió el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina, en busca de revertir la condena. Paralelamente, Villar reiteró su petición de elevar la pena. La Corte deberá analizar ambos reclamos, que van en direcciones opuestas.
Desde el entorno de Casal no hay señales claras. No obstante, en los pasillos judiciales muchos sostienen que la balanza podría inclinarse en contra de la exmandataria. “Si se mantiene la coherencia con lo planteado por Luciani y Villar, el procurador tendría que respaldar al menos esa línea argumentativa. Si había errores, deberían haberse subsanado antes”, explica una fuente allegada a la causa.
Mientras tanto, el máximo tribunal avanza con extrema cautela. Antes de pronunciarse sobre el pedido de Cristina Fernández, ya había revisado otros recursos provenientes de exfuncionarios y empresarios también condenados. La indefinición de plazos, lejos de ser un detalle, forma parte de una estrategia legal: estirar los tiempos puede jugar a favor de quien busca evitar una sentencia firme en pleno calendario electoral.
Aunque se espera que Casal emita su dictamen en cuestión de semanas, su opinión no es obligatoria para los jueces de la Corte. Pueden acogerla o ignorarla. Aun si Casal recomendara absolver a Cristina o, por el contrario, endurecer su castigo, la decisión final quedará en manos del trío que hoy integra la Corte Suprema.
Ese trío es otra arista del problema. El tribunal supremo funciona actualmente con apenas tres jueces: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vice) y Ricardo Lorenzetti. De los cinco lugares que establece la ley, dos están vacantes. El intento del presidente Javier Milei de sumar a Manuel García-Mansilla fracasó tras el rechazo del Senado, lo que derivó en su renuncia, oficializada este jueves. Ariel Lijo, el otro postulante impulsado por el oficialismo, no asumió ni en comisión debido a su negativa a abandonar el juzgado que todavía encabeza.
Con una Corte reducida, cualquier fallo requiere acuerdo total. Si no hay unanimidad, se debe convocar a jueces subrogantes (conjueces), lo que implica más dilaciones. Por eso, el desenlace más directo sería que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti coincidieran en rechazar ambos recursos y dejaran firme la condena original.
Ahora bien, si esto se resolviera luego de una eventual elección de Cristina Kirchner como diputada nacional, sus fueros parlamentarios no impedirían el cumplimiento de la pena, pero sí podrían retrasarlo. Cualquier otro escenario —sea para revisar la sentencia a su favor o para agravarla— implicaría una reapertura del trámite judicial y, con ello, nuevos meses de espera.
Así, la causa Vialidad sigue su marcha por los sinuosos pasillos del sistema judicial argentino. Con plazos que se estiran, resoluciones pendientes y una Corte Suprema en estado incompleto, la percepción social de justicia se resiente. No se trata sólo de una exmandataria enfrentando cargos graves. Se trata, también, de la credibilidad de las instituciones.
En una democracia saludable, los tiempos de la justicia no deberían depender del calendario electoral ni de las estrategias defensivas. Pero en Argentina, donde las causas de alto voltaje político parecen seguir una lógica propia, la verdad y la justicia caminan más lento de lo que la ciudadanía puede tolerar.