A casi un mes de la promulgación de la Ley Bases, el gobierno nacional ha dado un paso decisivo en la implementación de su ambiciosa agenda reformista. En la madrugada de hoy, se publicó el decreto 695/2024 en el Boletín Oficial, reglamentando la primera parte de la legislación impulsada por el presidente Javier Milei, con el claro objetivo de avanzar en las reformas estructurales que ha defendido desde el inicio de su mandato.
Este decreto aborda la reglamentación del Título II de la ley, que introduce cambios significativos en tres áreas clave: el sistema de empleo público, los procesos administrativos y la privatización de empresas estatales. La rápida implementación de estas medidas se produce después de un prolongado y conflictivo proceso legislativo que incluyó un fallido primer intento en Diputados y una última ofensiva que culminó con éxito gracias a la intervención del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Privatizaciones: el Estado en venta
La normativa detalla el esquema de privatización para empresas como Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, SOFSE, Corredores Viales, NASA, y el complejo gestionado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El procedimiento establece que cada ministro o secretario de la Presidencia responsable de la empresa en cuestión deberá presentar un informe detallado al Poder Ejecutivo. Este informe, que deberá incluir una propuesta sobre el alcance de la privatización y el método más adecuado para llevarla a cabo, también será remitido a la Comisión Bicameral del Congreso. Una vez autorizada por el Ejecutivo, se procederá a la convocatoria de ofertas del sector privado.
El decreto también estipula que antes de formalizar cualquier contrato, la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación deben revisar y aprobar los términos, con la posibilidad de solicitar revisiones adicionales si se consideran necesarias.
Reforma del empleo público: nuevos requisitos y despidos
En cuanto a la estructura del empleo público, el gobierno ha introducido un nuevo sistema de ingreso al Estado que requiere la aprobación de una «Evaluación General de conocimientos y competencias», la cual será anónima. Además, los empleados serán sometidos a evaluaciones constantes, y cualquier promoción estará condicionada a una nueva evaluación.
El decreto también habilita las contrataciones ad honorem, limitadas a tareas transitorias o estacionales, y establece que estos empleados carecen de estabilidad laboral, pudiendo ser despedidos en cualquier momento. Se crea además el Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad, que regula la indemnización y el período de disponibilidad de aquellos empleados afectados por la reestructuración. Dependiendo de su antigüedad, estos períodos varían entre seis y doce meses, con un cálculo de indemnización basado en su situación escalafonaria previa.
Por otro lado, se establecen excepciones para los empleados en licencia por enfermedad, maternidad o accidente, y aquellos cercanos a la jubilación, quienes serán reubicados transitoriamente. El gobierno también ha implementado un sistema de puntaje y sanciones para aquellos que incumplan sus funciones, considerando aspectos como inasistencias, incumplimiento de horarios, y condenas judiciales.
Reforma de los procesos administrativos: modernización y agilidad
La reglamentación también introduce modificaciones en los procesos administrativos con el fin de agilizar la gestión estatal. Los trámites vinculados a recursos, reclamos e impugnaciones serán gratuitos, salvo que una normativa específica indique lo contrario. Asimismo, se establece un nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos, que permite a los adolescentes intervenir en procedimientos administrativos y legitima el uso de medios electrónicos como notificación formal.
A pesar de estos avances, la reglamentación de la Ley Bases aún no está completa. Quedan pendientes detalles sobre otros títulos de la legislación, entre ellos el RIGI, un punto de alta controversia que ha generado tensiones en ambas cámaras del Congreso. Con este decreto, el gobierno ha dejado en claro su determinación de avanzar rápidamente en sus reformas, pero el camino hacia la implementación total de su agenda aún está lleno de desafíos y posibles conflictos.
