Las declaraciones de Moyano, surgidas tras una reunión de la mesa chica de la CGT, señalan una situación crítica que podría desembocar en un paro general de proporciones considerables. La raíz del conflicto radica en la falta de homologación por parte del gobierno del acuerdo alcanzado entre los representantes de los camioneros y las cámaras empresariales. Según Moyano, las tres cámaras involucradas en el acuerdo han firmado el pacto, con una disidencia de una de ellas. Sin embargo, la falta de homologación ha suscitado un conflicto interno que amenaza con paralizar el país.
El dirigente sindical ha fijado una fecha límite para el cumplimiento del acuerdo: el 8 de abril. Si para entonces no se confirma el aumento del 25% pactado para marzo, se anuncia un paro general que promete afectar todas las actividades a lo largo y ancho del territorio nacional.
El acuerdo en cuestión establece un aumento salarial del 45% en dos tramos: 25% en marzo y 20% en abril. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, ha obstaculizado la homologación, alegando que el acuerdo supera los límites establecidos por el Ministerio de Economía. Esta situación ha desencadenado una crisis que pone en jaque las relaciones laborales en el país.
El marco de este conflicto se ve amplificado por la situación general de inestabilidad laboral, marcada por despidos en las dependencias públicas y una economía que enfrenta desafíos sin precedentes. La reciente reunión de la Confederación General del Trabajo ha avivado las expectativas de posibles medidas de fuerza, y la incertidumbre se cierne sobre el futuro cercano.
El panorama se torna aún más complejo con las declaraciones de Moyano sobre la posibilidad de un paro general o una gran marcha en los próximos días. Las críticas hacia las políticas económicas del gobierno de Javier Milei no hacen más que añadir combustible a un fuego que amenaza con desbordarse.
Mientras tanto, las divergencias internas en el seno de los sindicatos respecto a la forma de protesta a adoptar —ya sea un paro nacional o una gran movilización— reflejan la tensión y la incertidumbre que imperan en el ambiente laboral.
En conclusión, la situación actual refleja un choque de intereses entre los trabajadores y el gobierno, con el potencial de desencadenar un conflicto de magnitudes históricas. La resolución de esta crisis se antoja urgente, pero las posturas inflexibles de ambas partes sugieren que el camino hacia una solución pacífica será arduo y lleno de obstáculos.