En el momento álgido de la discusión entre Villarruel y los senadores, el Gobierno expresó su «preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta», señalando específicamente el «tratamiento apresurado» del decreto 70/23 y de una fórmula jubilatoria «sin consenso», esta última una iniciativa de Hacemos Coalición Federal que no había alcanzado el quórum en la Cámara de Diputados.
El comunicado continuaba denunciando que estas acciones «violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo», advirtiendo que el rechazo del DNU «conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino». Además, calificaba estos intentos como «victorias de corto plazo», una declaración que también se interpretó como una crítica indirecta hacia Villarruel, insinuando que sus acciones podrían perjudicar el futuro de los 45 millones de argentinos.
En la Casa Rosada, se reprochaba la decisión de la vicepresidenta de ceder ante la presión de Unión por la Patria y otros bloques opositores, convocando a la sesión para tratar el DNU. Se destacaba el riesgo de que el kirchnerismo, sumando al menos cuatro senadores, pudiera rechazar un decreto de un presidente en ejercicio por primera vez en la historia, lo que representaría una situación de alto riesgo para el oficialismo.
Sin embargo, aunque el Senado rechazara el DNU, este continuaría vigente, ya que para su derogación también sería necesario que la Cámara de Diputados lo considerara inválido. Este escenario ofrecería un margen de maniobra mayor para el oficialismo, aunque de cualquier manera significaría una derrota notable para el Gobierno.
En la reunión de labor parlamentaria, Villarruel propuso prorrogar el tratamiento del DNU, argumentando que era necesario seguir debatiendo y que esto era parte del Pacto de Mayo. Sin embargo, la mayoría de los jefes de bloque se opusieron, argumentando que no había margen para más postergaciones y que el Senado estaba en deuda con su deber. Solo el PRO apoyaba la idea de sacar el tema del temario.
La tensión entre Milei y Villarruel ya había quedado expuesta anteriormente con la cuestión de los sueldos de los legisladores, un tema sobre el cual la vicepresidenta había intentado mantener una postura que finalmente cedió ante la presión de la Casa Rosada.
En este contexto, la incómoda situación de Villarruel se agravaba, argumentando que no le quedaba alternativa y que, si la oposición reunía el número suficiente en contra del decreto, la sesión se llevaría a cabo aún sin su autorización.
A medida que caía la noche, Espínola confirmaba que habría sesión con el DNU en el temario, mostrándose confiado en que conseguirían los votos para el rechazo. El misionero Carlos Arce dejaba el tema en suspenso, mientras que la incertidumbre sobre la posición de los diputados de Misiones y Córdoba añadía más tensión al ambiente político.
Además del DNU, en el temario figuraban otros puntos importantes como modificaciones en el Código Penal contra el lavado de activos, convenios internacionales y la autorización al Presidente para ausentarse del país. Con estos temas sobre la mesa, la jornada prometía ser intensa y crucial para el futuro político inmediato del país.