La semana pasada, la ciudad se vio sacudida por una ola de violencia sin precedentes, dejando a su paso estaciones de servicio cerradas, clubes de fútbol infantil en alerta y servicios de transporte paralizados.
Las amenazas de la «mafia» han sumido a la comunidad en un estado de constante temor, exigiendo incluso la preparación de ataúdes para jóvenes inocentes.
La situación alcanzó su punto más crítico con los trágicos asesinatos de cuatro personas inocentes en tan solo cuatro días, en lo que parece ser una represalia directa contra las medidas gubernamentales dirigidas a los presos en las cárceles provinciales.
El crimen más reciente tuvo lugar el sábado pasado, cuando Bruno Nicolás Bussanich, un joven playero de una estación de servicio, fue brutalmente asesinado mientras trabajaba en su puesto laboral en la zona oeste de la ciudad.
El ataque, llevado a cabo por individuos aún prófugos, no solo cobró la vida de un joven padre de familia, sino que también dejó un claro mensaje de amenaza hacia las autoridades provinciales, Maximiliano Pullaro y Pablo Cococcioni.
La nota dejada en la escena del crimen indica claramente que esta guerra no es por territorio, sino dirigida personalmente contra las figuras clave del gobierno.
Ante esta espiral de violencia incontrolada, el Gobierno de Javier Milei ha anunciado la creación de un comité de crisis para intervenir en Rosario, contando con la colaboración de las fuerzas de seguridad federales y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, estas medidas deben ir más allá de la respuesta inmediata y abordar las raíces profundas del problema.
La comunidad de estaciones de servicio de Rosario ha declarado un día de duelo en honor a la víctima, suspendiendo sus operaciones como muestra de solidaridad y exigencia de seguridad. El cese de actividades, que se extenderá por tiempo indefinido, es un claro llamado de atención a las autoridades para que tomen medidas concretas y efectivas que garanticen la seguridad de los trabajadores y ciudadanos por igual.
El asesinato del colectivero Marcos Iván Daloia, junto con los homicidios previos de dos taxistas, ilustra la magnitud de la crisis que enfrenta la ciudad. Estos actos de violencia indiscriminada, perpetrados por sicarios vinculados al narcotráfico, no solo cobran vidas inocentes, sino que también paralizan las actividades cotidianas y amenazan la estabilidad social y económica de Rosario.
Es evidente que las recientes requisas en las cárceles provinciales, siguiendo el polémico modelo implementado por Nayib Bukele en El Salvador, han exacerbado la situación, desencadenando una cadena de represalias mortales. Sin embargo, estas acciones deben ser vistas como un síntoma de un problema mucho más profundo que requiere una respuesta integral y coordinada por parte del gobierno.
Es hora de que las autoridades provinciales y nacionales reconozcan la gravedad de la crisis en Rosario y actúen con determinación para restaurar la seguridad y la paz en la ciudad. La comunidad no puede permitirse ser rehén del terror narcotraficante. Es imperativo que se implementen políticas efectivas de prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y rehabilitación de los sectores afectados por la violencia.
El llamado es claro y urgente: Rosario necesita acciones concretas y decisivas para poner fin a esta espiral de violencia y restaurar la esperanza en su futuro. La inacción no es una opción. La ciudad y sus habitantes merecen vivir en paz y seguridad, libres del yugo del narcotráfico y el miedo constante…
Es hora de actuar.