El presidente Javier Milei, que asumió el poder tras ganar el balotaje, se encontró esta semana con varios obstáculos para implementar las medidas que considera clave para su gestión. Desde la Justicia, el Congreso, los gobernadores y los sindicatos, surgieron voces críticas y acciones legales que frenaron o modificaron algunos de sus proyectos.

El mega DNU, en la mira de los jueces

Una de las iniciativas más polémicas del mandatario fue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que contiene una serie de reformas en materia económica, laboral, tributaria, educativa y judicial. El decreto, que abarca más de 200 artículos, fue cuestionado por distintos sectores de la sociedad, que presentaron recursos de amparo ante la Justicia.

Varios jueces de diferentes fueros e instancias ya advirtieron que el DNU merece un análisis en los tribunales y que es pertinente escuchar a los afectados por la medida. También consideraron que mientras esa discusión transcurra, los efectos del decreto referidos a las regulaciones del mercado laboral deben mantenerse suspendidos.

Entre los aspectos más controvertidos del DNU, se encuentran la eliminación de las indemnizaciones por despido, la flexibilización de las condiciones de contratación, la reducción de los aportes patronales, la eliminación de las paritarias y la prohibición de las huelgas.

La boleta única, frenada en el Senado

Otro de los proyectos que sufrió un revés fue el de la instauración de la boleta única en reemplazo de la lista sábana, que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados y que pintaba para ser la primera ley de la Era Milei.

Sin embargo, el tratamiento de la iniciativa se demoró en el Senado, donde el peronismo no kirchnerista -un grupo humano que en La Libertad Avanza consideraban como aliados naturales- decidió postergar el debate hasta el próximo período legislativo.

Los argumentos esgrimidos por los senadores opositores fueron la falta de consenso, la necesidad de un mayor análisis y la conveniencia de esperar a que se defina el cronograma electoral para el año próximo.

Las pesqueras y los patagónicos, en pie de guerra

Otro frente de conflicto se abrió con las empresas pesqueras y los gobernadores patagónicos -otro espacio que integran algunos políticos que el Gobierno cuenta como aliados-, que se opusieron a algunos artículos de la Ley Ómnibus que perjudicaban a las compañías que ya trabajan en el Mar Argentino y que las dejaban en desventaja frente a potencias globales.

La norma, que también fue incluida en el DNU, establecía la apertura del mercado pesquero a empresas extranjeras, la eliminación de los cupos de captura, la reducción de los aranceles de exportación y la eliminación de los controles ambientales.

Tras una fuerte presión de los sectores afectados, el Ejecutivo debió ceder y comprometerse a modificar los artículos cuestionados, que implicaban una pérdida de ingresos y de puestos de trabajo para las provincias del sur.

Diferencias en el Gabinete por el diálogo con la CGT

En el propio Gobierno se volvió evidente que hay diferencias en el Gabinete sobre la manera de lidiar con la CGT, que se declaró en estado de alerta y movilización por las medidas que afectan a los trabajadores.

Algunos ministros y funcionarios quieren seguir negociando con los sindicatos y buscar acuerdos que permitan una transición ordenada hacia el nuevo modelo laboral. Otros, en cambio, insisten en que una de las tareas de La Libertad Avanza es terminar rápido y definitivamente con las trabas a las empresas que pone el modelo de organización gremial que existe en la Argentina hoy.

El presidente Milei, por su parte, se mostró firme en su postura y desafió a la CGT a que convoque a un paro general, al que calificó de “extorsión” y “chantaje”. También dijo que no va a ceder ante las presiones de los “burócratas sindicales” y que va a seguir adelante con su plan de reformas.

Un programa de gobierno a largo plazo

El mandatario admitió que dos tercios de las reformas que planteó en los últimos días tendrán efectos visibles dentro de 15 años. El problema de ese sinceramiento es que una perspectiva de plazo tan largo -inédita en la Argentina si se tienen en cuenta las performances de los últimos gobiernos- hace más difícil que un juez considere que hay urgencia y necesidad para hacer todas las modificaciones de leyes que planteó el mega DNU. Hay que recordar que esa característica es un requisito ineludible -según dice la Constitución- para que un Presidente pueda atribuirse la potestad legislativa reservada al Congreso.

La pregunta, en ese sentido, ya no es qué partes del DNU quedarán en pie sino cuáles de los tramos del decreto que no suprima la Justicia generarán cambios capaces de salir del plano de los deseos escritos para intervenir en la realidad.

Milei enfrenta así una serie de desafíos y resistencias en su primer mes de gobierno, que ponen a prueba su capacidad de liderazgo y su voluntad de transformación. Su apuesta es a largo plazo, pero los conflictos son inmediatos. ¿Podrá sortearlos y consolidar su proyecto? El tiempo lo dirá.