El proyecto, presentado antes del receso navideño, busca asegurar recursos que compensen la probable suspensión de los aportes anuales que Buenos Aires solía recibir del gobierno central. En 2023, se estima que Kicillof recibió más de 623 mil millones de pesos, una cifra que supera el 50% de lo distribuido entre otras jurisdicciones.
La propuesta apunta a prorrogar el presupuesto del año anterior debido a la falta de proyecciones y precisiones por parte del gobierno nacional, que aún no ha enviado la ley correspondiente al Congreso, según fuentes del Ministerio de Hacienda provincial.
El plan impositivo contempla aumentos considerables en varios gravámenes administrados por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). Uno de los aspectos clave es el incremento en el impuesto inmobiliario rural para propiedades valuadas por encima de los 39 millones de pesos, que se aplicaría en cuatro cuotas adicionales hacia finales de 2024, según lo estipulado en el artículo 139 de la Ley Impositiva.
La justificación oficial del gobierno provincial radica en dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria, enfatizando la solidaridad de sectores con mayor capacidad contributiva y considerando la situación de las pymes. Asimismo, se contempla la posibilidad de ajustar los impuestos provinciales de acuerdo con los índices inflacionarios, especialmente en el impuesto inmobiliario urbano y las patentes de automotores.
El incremento proyectado alcanza hasta un 200% para el 90% de los contribuyentes en el impuesto inmobiliario, mientras que el restante 10% podría enfrentar subas cercanas al 300%, según estimaciones divulgadas.
En cuanto a las patentes de vehículos fabricados entre 2013 y 2024, se prevé un aumento promedio del 145%, con un tope máximo del 270% para los automóviles de gama alta, de acuerdo con la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor.
Además de estos ajustes impositivos, Kicillof ha propuesto un endeudamiento equivalente a 1.800 millones de dólares para hacer frente a vencimientos de deuda en 2024, incluyendo pagos en moneda extranjera derivados de la reestructuración de la deuda heredada de administraciones anteriores.
El oficialismo defiende esta solicitud de endeudamiento como parte de una política de financiamiento responsable, señalando que el monto requerido representa la mitad del promedio autorizado durante el gobierno de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019.
A pesar de la polarización política y las discusiones en la Legislatura, se espera la aprobación de la iniciativa, aunque podría ser sujeta a modificaciones para mitigar el impacto de los aumentos propuestos.
Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la capacidad de la provincia para colocar una cantidad tan significativa de deuda en los mercados financieros durante el próximo año, un aspecto que será crucial para la ejecución exitosa de este plan financiero.