En un informe emitido por la Justicia platense tras el peritaje del teléfono celular de Julio «Chocolate» Rigau, se confirma la existencia de una «organización criminal» destinada a apropiarse de millonarios fondos de la Legislatura bonaerense. Este lunes, el documento señaló a los cabecillas de esta trama como Claudio y Facundo Albini, ambos vinculados al espacio político del massismo, con Facundo Albini incluso postulado como candidato en la última elección bajo la boleta de Unión por la Patria.

Julio «Chocolate» Rigau, el puntero ligado al Frente Renovador, fue detenido mientras retiraba dinero de una sucursal del Banco Provincia en La Plata, portando 49 tarjetas a nombre de contratados por el parlamento provincial.

El informe de la fiscalía, bajo la dirección de Betina Lacki, detalla la aparente conexión entre «Chocolate» y Facundo Albini, concejal electo, así como con su padre Claudio, exsubjefe de Personal de la Cámara de Diputados provincial. Ambos enfrentan imputaciones en este caso.

La fiscal sostiene que Claudio Albini sería el primer eslabón en recibir las tarjetas de débito para las posteriores extracciones bancarias dirigidas por el puntero del PJ platense detenido.

Según el informe, la presunta organización criminal operaba con un orden jerárquico, donde «Chocolate» recibía órdenes de un individuo conocido como “Facu”, aparentemente el concejal massista Albini. En las comunicaciones extraídas del celular, «Facu» reprende a Rigau por no responder a una llamada, acusándolo de falta de respeto hacia su amistad y colaboración.

La fiscal Lacki, respaldada por material documental del celular de «Chocolate», sostiene la relación entre Rigau y el concejal, incluyendo una foto de un comprobante bancario que, según el número de cuenta, se correspondería con uno de los tickets incautados en poder de Rigau al ser detenido.

El informe también revela la celosa gestión de «Chocolate» sobre las rendiciones de cuentas y los reclamos de dinero a los presuntos «trabajadores» para compensar gastos personales. La fiscal concluye que los contratos de la Cámara de Diputados bonaerense se realizan con fines ilícitos, ya que los «trabajadores» no reciben la remuneración informada.

Las novedades judiciales surgen en un momento en que la Cámara baja provincial está «paralizada» a la espera del recambio legislativo del 10 de diciembre, en plena campaña presidencial de cara al balotaje. La preocupación en los pasillos de la Legislatura crece, especialmente en torno a «la familia Albini». Se espera conocer los próximos pasos de la fiscal Lacki, quien hasta ahora solo tiene a Rigau como imputado en la causa.