Una reciente pericia informática y un extenso trabajo realizado en el contexto de una investigación que aborda el espionaje a jueces de la Corte Suprema, políticos y funcionarios, han confirmado lo que se temía: la conexión entre agentes involucrados en estas actividades ilegales y destacados miembros del kirchnerismo, como el diputado Rodolfo Tailhade, exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia, y Fabián «Conu» Rodríguez, uno de los voceros más cercanos a Cristina Kirchner.
El fiscal Gerardo Pollicita, quien lidera esta investigación, ha emitido una detallada resolución en la que solicita el interrogatorio del sargento retirado de la Policía Federal Ariel Zanchetta y el allanamiento de la residencia de Rodríguez. A raíz de una gran cantidad de información recopilada de dispositivos electrónicos incautados en el domicilio de Zanchetta en Junín, provincia de Buenos Aires, el equipo de Pollicita ha estado analizando y cruzando datos en busca de pruebas que respalden la existencia de una organización criminal dedicada a la vulneración de comunicaciones telefónicas y electrónicas de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, así como la obtención de datos personales para suplantar identidades, tomar el control de líneas telefónicas y acceder a aplicaciones de mensajería, incluso solicitando dinero en su nombre.
El juzgado de Martínez de Giorgi ha acumulado expedientes relacionados con el hackeo a ministros de la Corte y el espionaje ilegal a funcionarios judiciales y empresarios durante un viaje a Lago Escondido. Pollicita y su equipo han desentrañado numerosos hilos que conectan estos delitos aparentes y han descubierto una vasta red de espionaje ilegal que tenía como «objetivos» a una amplia gama de individuos, incluyendo políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, líderes sociales, deportistas y sindicalistas, entre otros. Esta red llevó a cabo tareas ilegales de inteligencia, recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, filmaciones encubiertas y acceso indebido a bases de datos de organismos públicos y correspondencia privada.
Pollicita ha solicitado el registro de datos informáticos encontrados en la computadora portátil de Zanchetta, que contenían listas de correos electrónicos, usuarios de bases de datos y perfiles de redes sociales bajo nombres ficticios o no identificables, junto con contraseñas aparentes. La fiscalía ha instado al juez Martínez de Giorgi a descargar los contenidos almacenados en la nube con el fin de acceder a las cuentas.
Sorprendentemente, Zanchetta era un agente no oficial de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante un período considerable, desde al menos 2009 hasta finales de 2015, realizando labores de inteligencia para funcionarios de esa entidad. Este hecho merece una investigación exhaustiva para analizar las conexiones entre la AFI de Cristina Kirchner y las actividades clandestinas que estaban teniendo lugar.
Las pruebas encontradas apuntan a que Zanchetta desempeñaba un papel crucial en la recopilación de información para hackear los teléfonos de jueces federales, así como la creación de 1.196 informes de inteligencia basados en datos personales de miles de individuos. Estas actividades ilegales incluían el acceso a bases de datos, grabaciones encubiertas, la utilización de una red de informantes y la infiltración en comunicaciones. Zanchetta también contaba con conexiones con expertos en informática que le permitían ocultar sus actividades y utilizaba un software de seguridad militar para mantener comunicaciones seguras.
Estos actos ilegales involucraban la recopilación de una amplia gama de datos personales, incluyendo domicilios, salarios, propiedades, vehículos, información fiscal, laboral, crediticia, datos electorales y detalles de salud, así como información más íntima, como opiniones políticas, creencias religiosas, relaciones personales, orientación sexual y vínculos familiares y de amistad.
La investigación ha analizado una gran cantidad de información, incluyendo 452 chats, 53 videos, 1.919 fotos, 1.629 contactos y 1.632 audios almacenados en dispositivos incautados en los allanamientos realizados en la residencia de Zanchetta en Junín. Además, se ha rastreado información traficada a través de cuentas de correo electrónico, Instagram, Telegram y Twitter.
El informe judicial destaca que este es solo el principio de la revelación de un vasto entramado de espionaje ilegal en el que se interconectan relaciones y datos investigados en diversos expedientes. Estas conexiones involucran a informantes, espías, funcionarios, legisladores y políticos, creando un complejo panorama de actividades clandestinas.
El informe también menciona a numerosos funcionarios judiciales y fiscales involucrados en estas comunicaciones, lo que subraya la magnitud de esta red de espionaje ilegal. La investigación ha desenterrado conversaciones que involucran a Rodolfo Tailhade, exdirector de Contrainteligencia de la AFI y operador judicial de Cristina Kirchner, quien ha sido receptor habitual de información obtenida ilegalmente. También se mencionan nombres como Fernando Pocino, Alejo Ramos Padilla, Allan Bogado y Franco Bindi, todos vinculados de alguna manera a estas operaciones de espionaje.
Los diálogos también señalan la implicación de Fabián «Conu» Rodríguez, un miembro de La Cámpora y cercano a Máximo Kirchner, quien ha ocupado cargos importantes en la Agencia Télam y la AFIP. Estos intercambios apuntan a la coordinación de actividades ilegales, como la obtención de información sobre la residencia de la ministra de Desarrollo Social y el seguimiento de temas relacionados con la Provincia.
En resumen, esta investigación revela una compleja red de espionaje ilegal que involucra a numerosos actores y que ha recopilado una vasta cantidad de información sensible sobre una amplia gama de individuos. La magnitud de estas actividades ilegales y la participación de individuos influyentes en el kirchnerismo plantean cuestiones fundamentales sobre la integridad y la legalidad de estas operaciones.
