En el intrincado entramado del Código de Procesamiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, promulgado en 1998, yace un artículo que muchos aseguran fue intencionalmente camuflado para evitar miradas inquisitivas. Aprovechado por los poderosos, este mecanismo conocido en los círculos informados como la «ley del arrepentido de Buenos Aires» ha permanecido en gran medida en el olvido.
El reciente episodio del Chocolategate, compuesto por capítulos patéticos y vergonzosos, se resume de la siguiente manera: Tras entregarse en la Comisaría 2 de La Plata el pasado sábado, Rigau podría recibir una oferta de la Fiscalía para reducir, al menos en parte, la potencial extensión de su pena tras las rejas.
Sin embargo, esta oferta está condicionada a un factor crucial: ¿Cuánto estará dispuesto a divulgar Rigau sobre el funcionamiento interno y, sobre todo, sobre los líderes que presuntamente encabezarían la supuesta asociación ilícita, sospechosa de orquestar la denominada “mafia de las tarjetas de la corrupción”?
El 9 de septiembre, Rigau fue detenido con una bolsa repleta de billetes extraídos por él mismo de un cajero automático, desprendiendo un inconfundible tufillo de ilegalidad. El proceso de retirar el dinero de 48 tarjetas de débito, pertenecientes a empleados legislativos de diversos bloques políticos, tomó más de una hora, sucediendo a escasos días de las elecciones presidenciales.
Aunque inicialmente detenido por personal policial al salir de una sucursal del Bapro en el centro platense, Rigau fue liberado pocos días después, en una decisión que suscitó no poca perplejidad y que se atribuye a los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo. Sobre estos últimos recae una fuerte sospecha de haber otorgado un manto de protección judicial al entramado corrupto.
Se sostiene que unas 12 horas antes de ordenar la liberación de Rigau y anular la causa, estos jueces fueron visitados por Raúl Cabezón Pérez, un operador massista. En La Plata, se comenta que esta no fue una visita protocolar, sino un intento de persuasión cuyas motivaciones quedan en el ámbito de la especulación.
La revelación de estos hechos provocó un escándalo mediático de magnitud considerable. En el ínterin, fiscales apelaron fervientemente, logrando que Casación revocara las actuaciones de los jueces sospechados de corrupción: Benavides tiene vínculos conocidos con Sergio Massa y Villordo también, pero sus conexiones se extienden a otros líderes del viejo peronismo provincial.
Con la reactivación del caso, se emitió nuevamente una orden de detención contra Rigau. Sin embargo, se sospecha que alguien dentro de la Policía Bonaerense encargado de los allanamientos lo alertó, lo que llevó a la fuga del puntero. Finalmente, se entregó el sábado pasado como prófugo de la justicia.
En un intento por acceder al contenido del celular incautado a Rigau, un juez aceptó una nueva apelación y suspendió la pericia minutos antes de su inicio. Ahora, la apertura del teléfono está programada para el próximo viernes, apenas dos días antes de las elecciones.
En medio de este enjambre de acontecimientos, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni salió al frente de las acusaciones que apuntaban a la Policía provincial por informar a Rigau sobre la orden de detención. «Se va a entregar solito», afirmó Berni. Casualmente, el mismo día de esa declaración, Chocolate se entregó, aunque no precisamente «solito», sino en compañía de varios abogados de un prestigioso bufete de La Plata.
El estudio legal pertenece a Horacio Gascón Cotti, un abogado más conocido entre los políticos influyentes con asuntos legales que entre la ciudadanía. Como sus pares, Gascón Cotti no mueve un dedo sin previo pago. Es uno de los profesionales más caros de La Plata y solo acepta dólares en efectivo.
Resulta poco probable que el electricista Chocolate, residente de una modesta casa en las afueras de la ciudad, sea el encargado de cubrir los honorarios de Gascón Cotti.
Este domingo, temprano en la mañana, Chocolate fue trasladado de su celda en la Comisaría 2 a la moderna y confortable Alcaidía Roberto Pettinato, bautizada en honor al padre del presentador de televisión.
«El traslado fue sorprendente. Aquí, nadie duda de que los abogados negociaron con algún político para asegurar su traslado inmediato y garantizar su comodidad. Es evidente que el objetivo es evitar que Rigau se quiebre y revele información», declararon desde la Justicia de Garantías.
Asimismo, se presume que tanto Benavides como Villordo, esta vez, optarán por «tomar licencia» o buscarán eximirse de alguna manera para emitir su voto.
¿Qué le depara a Rigau? La acusación más leve sería «estafa», con una pena máxima de seis años. Sin embargo, todo indica que enfrentará cargos por asociación ilícita (con hasta 10 años de condena) o malversación de fondos públicos y peculado (con penas de hasta 15 años).
Rigau trabajaba para Facundo Albini, concejal con quien se le ha visto en varias fotografías junto a su grupo político del Frente Renovador. Albini, muy probablemente, renovará su banca en el palacio legislativo local de La Plata el próximo domingo, asegurándose otro mandato de cuatro años.
«Sinceramente, a este pendejo (por Albini) casi no lo conozco. Fue Sergio (por Massa) quien me lo puso», se quejó Rigau entre varios insultos dirigidos al Ministro de Justicia de Axel Kicillof, Julio Alak, quien aspira a ser reelegido como intendente de La Plata.
Han transcurrido 38 días desde la detención de Julio Chocolate Rigau, y salvo por una breve comunicación con este diario, Albini no ha emitido palabra alguna sobre el escándalo. Resulta sorprendente que nadie haya solicitado la retirada de su candidatura, o al menos, que la someta a consideración del resto de integrantes de la lista.
