En el contexto de la disputa por la pensión de privilegio que el gobierno de Javier Milei le retiró a Cristina Kirchner, la expresidenta y su familia intentan sortear otro escollo judicial: los embargos multimillonarios impuestos en las causas Hotesur y Los Sauces. Su abogado, Carlos Beraldi, presentó un pedido ante la justicia federal para que estos embargos, que superan los 2.200 millones de pesos, sean sustituidos por propiedades. Sin embargo, la Unidad de Información Financiera (UIF) se opuso firmemente a esta maniobra.
La causa Los Sauces-Hotesur investiga un presunto entramado de lavado de activos en el que la inmobiliaria y la firma hotelera de la familia Kirchner habrían sido utilizadas como «pantallas societarias» para reciclar parte de los fondos provenientes de la obra pública adjudicada a Lázaro Báez. La justicia acusa a los Kirchner de asociación ilícita, lavado de dinero y, en el caso de Los Sauces S.A., también de recibir dádivas. El embargo impuesto alcanzó los 2.239.295.812,2 pesos, cifra que la defensa busca cubrir con bienes inmuebles.
Un doble frente judicial y político
Mientras Beraldi impulsa esta estrategia legal, Cristina Kirchner protagoniza un nuevo enfrentamiento con el Gobierno. Luego de que la ANSES la denunciara por haber cobrado el plus por zona austral a pesar de residir en la Ciudad de Buenos Aires, la exmandataria arremetió contra Javier Milei y su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Con su habitual estilo confrontativo, los acusó de actuar con «berretadas» y descalificó a los funcionarios involucrados en la denuncia.
Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia ratificó el año pasado que las causas Hotesur y Los Sauces deben resolverse en juicio oral. La resolución dejó firme el criterio de la Cámara de Casación que había revocado el sobreseimiento de los Kirchner y otros acusados, incluyendo a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) será el encargado de llevar adelante el proceso, con la intervención del fiscal general Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El pedido de la defensa
Beraldi sostiene que los embargos son «desproporcionados» y que impiden a la familia Kirchner disponer de sus bienes, afectando incluso los ingresos generados por su administración. Por ello, propuso que se levanten los embargos sobre Florencia Kirchner, ya que fue sobreseída, y que el monto restante sea cubierto con propiedades y dinero en efectivo:
• 4.664.000 dólares depositados en cajas de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.
• 1.032.144,91 dólares en una cuenta bancaria de la misma titularidad.
• Un departamento y cinco cocheras en el Madero Center, pertenecientes a Los Sauces S.A.
Según la valuación presentada por la defensa, estos bienes equivaldrían a 11.543.805.197,40 pesos al valor del dólar MEP. Con esta estrategia, la familia Kirchner busca recuperar el manejo absoluto de sus empresas y la posibilidad de realizar transacciones inmobiliarias, modificar la composición accionaria y recuperar el control de sus movimientos financieros.
El rechazo del gobierno
El Tribunal le requirió su opinión a la UIF y a la fiscalía. La respuesta del organismo de inteligencia financiera fue categórica: rechazo absoluto.
En su informe, la UIF argumentó que el sobreseimiento de Florencia Kirchner no afecta las medidas cautelares impuestas sobre Cristina y Máximo Kirchner ni sobre las empresas investigadas. Además, destacó que los bienes ofrecidos para sustituir el embargo «son sospechados de haber sido obtenidos mediante operaciones de lavado de dinero o utilizados para concretar maniobras ilícitas».
El organismo subrayó que no se puede aceptar la sustitución del embargo con activos que podrían ser decomisados en caso de una condena, ya que incumplen con la exigencia de «garantía suficiente». De esta manera, el planteo de la defensa de los Kirchner choca con un obstáculo clave: los bienes propuestos están bajo sospecha y podrían ser confiscados por el Estado.
Una batalla judicial sin tregua
La estrategia de la familia Kirchner enfrenta un camino empinado. Mientras el juicio avanza, la posibilidad de recuperar el control total de sus activos queda en suspenso. El intento de sustituir los embargos con bienes de dudosa procedencia refleja la tensión entre la estrategia de defensa y el avance de las investigaciones por lavado de dinero. Con la oposición frontal del gobierno y los organismos judiciales, el destino de la fortuna de los Kirchner sigue atado a la resolución de un juicio que promete ser un hito en la historia política y judicial del país.
