La Corte Suprema de Justicia, en un fallo unánime, ha reafirmado el compromiso del Poder Judicial de avanzar hacia la rendición de cuentas en los casos Hotesur y Los Sauces, emblemas del presunto entramado de corrupción y lavado de dinero vinculado a la familia Kirchner. La decisión, que obliga a Cristina y Máximo Kirchner a enfrentar un juicio oral, pone en jaque las maniobras legales que buscaban evitar el banquillo de los acusados.
El máximo tribunal no admitió los recursos presentados por la defensa de los Kirchner. Argumentaron que los planteos carecían de solidez, pues no demostraron un «agravio actual, concreto y real». La resolución confirma lo dispuesto por la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que en septiembre de 2023 ordenó reabrir el caso unificado. Así, los Kirchner se enfrentarán a cargos de asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas. La única exonerada fue Florencia Kirchner, cuyo sobreseimiento se mantiene firme.
Los éticos pilares tambalean
La Corte Suprema, presidida por Horacio Rosatti y secundada por Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desarmó con rigor técnico los argumentos de la defensa. Rechazó la alegada «gravedad institucional» de la decisión de reabrir las causas y dejó claro que el solo hecho de ser sometido a juicio no constituye un perjuicio de tal magnitud. Al contrario, subrayó que el Estado de Derecho impone a todos los ciudadanos, sin distinción de jerarquía o cargo, la obligación de rendir cuentas.
En un ademán metódico, el tribunal también invalidó la intervención de la exjueza Ana María Figueroa, quien continuó firmando resoluciones tras cumplir la edad límite estipulada por la Constitución. Este episodio, que el kirchnerismo intentó revertir mediante un pliego aprobado en el Senado, fue neutralizado por la Corte, reforzando la independencia judicial ante presiones políticas.
El regreso a Comodoro Py
La trama judicial regresa ahora al Tribunal Oral Federal N°5 (TOF 5), que tendrá la responsabilidad de llevar adelante el juicio. La composición del tribunal fue ajustada, eliminando a los jueces que habían beneficiado a los Kirchner con sobreseimientos sin juicio previo. Permanecerá la jueza Adriana Pallioti, acompañada por los magistrados José Michilini y Nicolás Toselli. El fiscal Diego Velasco asumirá la acusación, continuando la labor iniciada por su par Mario Villar en Casación.
El entramado de los fondos oscuros
Hotesur y Los Sauces son mucho más que empresas familiares; son, según la acusación, sofisticadas «pantallas societarias» diseñadas para reciclar fondos provenientes de la obra pública adjudicada a Lázaro Báez. Estas compañías, bajo el rótulo de hotelera e inmobiliaria, carecían de actividad comercial genuina. La Justicia estima que se lavaron 80 millones de pesos a través de Hotesur y 30 millones mediante Los Sauces, con valores calculados al 2015.
Báez, sindicado como engranaje clave del esquema, supuestamente «retornaba» al patrimonio kirchnerista una parte de los sobreprecios obtenidos por sus empresas en licitaciones viales. Este mecanismo, ya condenado en la causa Vialidad, refuerza las sospechas de que la corrupción estructural era el nervio central de la gestión pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Un horizonte de transparencia incierto
El fallo de la Corte Suprema marca un hito en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, también revela los intrincados caminos de la Justicia, donde las decisiones procesales pueden prolongar la búsqueda de verdad y justicia. Mientras Cristina y Máximo Kirchner aguardan el inicio del juicio oral, el país observa expectante, con la esperanza de que el Estado de Derecho prevalezca sobre las sombras de la corrupción.
En este laberinto de causas, argumentos y resoluciones, queda una certeza: la Justicia, aunque lenta, persiste. Y en ese avance inexorable, la transparencia se convierte en un faro que ilumina el sendero hacia una Argentina más justa.
