Bolivia atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. Con carreteras bloqueadas en diversos puntos del país y la economía prácticamente paralizada, las protestas campesinas que exigen el cese de la persecución judicial contra su líder, Evo Morales, han puesto a la nación al borde del colapso. Tras nueve días de conflicto, la falta de diálogo y el enfrentamiento abierto entre el expresidente Morales y el actual mandatario Luis Arce agudizan el panorama.

Los bloqueos, que comenzaron aislados, ya incomunican regiones clave como Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y Santa Cruz, golpeando directamente la actividad económica. En la capital, La Paz, la escasez de productos básicos ha disparado los precios de la canasta familiar y se registran largas filas en las estaciones de servicio debido a la falta de combustible.

Este miércoles, los conductores del transporte público sumaron su descontento a las protestas, interrumpiendo el tránsito en decenas de rutas. «Ya no podemos trabajar (…). Algunos han dormido en la fila toda la noche», expresó Juan Mamani, un chofer de 53 años que resume la angustia de muchos trabajadores cuya subsistencia depende de la circulación. A esto se añade el hecho de que cientos de camiones cisternas permanecen varados en las carreteras bloqueadas, incapaces de distribuir combustible.

El gobierno de Arce ha responsabilizado a los seguidores de Morales por la situación, acusándolos de obstruir el reparto de bienes esenciales. Mientras tanto, el silencio de la fiscalía sobre la anunciada orden de aprehensión contra Morales, investigado por presunto abuso de menores y trata de personas, ha tensado aún más la cuerda. Los colectivos afines al líder cocalero insisten en que estas acusaciones son una maniobra para proscribir políticamente a Morales, quien acusa a Arce de intentar apartarlo de la contienda electoral de 2025.

Un conflicto que trasciende lo judicial

Lo que comenzó como un movimiento para evitar la detención de Morales ha escalado a un conflicto que amenaza con desbordar el control del gobierno. Los manifestantes ahora no solo exigen la retirada de las acusaciones contra su líder, sino también soluciones para la aguda crisis económica que sufre el país, caracterizada por la escasez de dólares y combustible. La falta de acuerdo político para enfrentar estas dificultades evidencia, como bien señala el analista político Daniel Valverde, una cultura política boliviana marcada por el caudillismo y la imposibilidad de diálogo.

Desde el oficialismo, Arce se niega a ceder ante las presiones de los movimientos campesinos. «No vamos a ceder ante quienes quieren incendiar el país para protegerse de acusaciones personales», declaró el presidente, mostrando su determinación de no intervenir en los procesos judiciales en curso. No obstante, el número de bloqueos ha crecido exponencialmente, pasando de 4 a 21 puntos de conflicto en menos de una semana, y los enfrentamientos entre manifestantes y la policía ya han dejado varios heridos.

Una economía en caída libre

El impacto económico de este conflicto es innegable. Hasta el momento, las pérdidas por los bloqueos ascienden a más de 81 millones de dólares, según el Ministerio de Economía, y continúan incrementándose cada día que las rutas permanecen cerradas. Los dos principales polos económicos del país, La Paz y Santa Cruz, se ven separados por Cochabamba, una región vital para el tránsito y la producción. José Luis Evia, ex miembro del directorio del Banco Central de Bolivia, advierte que la interrupción de esta arteria económica puede tener efectos devastadores para el país. «Cuando se interrumpe esta carretera se corta la conexión entre los centros más dinámicos del país y eso tiene un impacto fuerte en la economía», señaló.

A esto se suma un contexto económico desfavorable. La inflación interanual alcanzó el 6,2% en septiembre, la más alta en una década, lo que deja a Bolivia en una posición de vulnerabilidad aún mayor frente a las protestas.

Un futuro incierto

Con el país atrapado entre el fuego cruzado de una disputa política interna y una crisis económica sin precedentes, el futuro de Bolivia es incierto. Mientras las protestas se intensifican y las soluciones parecen cada vez más lejanas, la capacidad de los actores políticos para encontrar una salida negociada será clave para evitar que el país siga hundiéndose en la inestabilidad. La pregunta que surge es: ¿hasta cuándo podrán Arce y Morales mantener este pulso sin desatar un caos total? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio.