La decisión de reabrir la investigación fue adoptada con el respaldo mayoritario de los jueces de la Sala I del tribunal, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, en contraposición al voto en disidencia del camarista Eduardo Farah, quien se inclinó por mantener la decisión del juez Sebastián Casanello de rechazar la apelación de Bases. Este fallo pone nuevamente en el centro de la escena la posible vinculación de Fernández de Kirchner con las actividades ilícitas de Lázaro Báez, empresario cercano a la exmandataria y condenado por lavado de dinero a diez años de prisión.
Es relevante destacar que, además de la reapertura de la investigación, la Cámara Federal rechazó el pedido de la propia Fernández de Kirchner de apartar al juez Casanello de la causa. Este magistrado había sido responsable de dictar el sobreseimiento de la vicepresidenta en mayo del año pasado, una decisión que en su momento fue avalada tanto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como por la Unidad de Información Financiera (UIF), ambas bajo el control del gobierno de Alberto Fernández.
El juez Llorens, en su resolución, subrayó que el análisis del fiscal Marijuan había sido sesgado, evaluando de forma parcial los elementos del proceso y omitiendo considerar pruebas que, en otros procedimientos, habían sido consideradas cruciales. Entre ellas, mencionó los testimonios de colaboradores arrepentidos como Leonardo Fariña y Víctor Manzanares, así como documentos clave como el testamento de Lázaro Báez y las escrituras incautadas en la escribanía de Ricardo Albornoz.
Uno de los puntos centrales que Llorens destacó es el vínculo entre los Kirchner y Báez, reflejado en múltiples operaciones comerciales y personales. Estas incluyen la entrega de inmuebles por parte de Fernández de Kirchner a la empresa Austral Construcciones S.A., propiedad de Báez, la venta de diez propiedades del matrimonio Kirchner a esta sociedad, y la construcción gratuita del mausoleo de Néstor Kirchner por parte de Báez. Además, se subrayó la existencia de 372 contactos telefónicos entre los implicados, lo que refuerza la tesis de una relación estrecha entre el empresario y la exmandataria.
Llorens fue contundente al recordar que las pruebas presentadas por el fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, donde se investigó el direccionamiento de obras públicas por 3.500 millones de dólares, llevaron a la condena de Fernández de Kirchner y Báez por defraudación a la administración pública. Luciani sintetizó los vínculos comerciales entre ambos de manera clara, resaltando el carácter ilícito de las maniobras.
Uno de los aspectos más cuestionados por Llorens fue la falta de explicación por parte de Marijuan en su dictamen de sobreseimiento respecto de por qué desestimó los testimonios de los arrepentidos y no investigó la expatriación de fondos a través de la financiera Provalor. Según la acusación, este dinero nunca abandonó físicamente el país, sino que fue usado para financiar las actividades de los hoteles de los Kirchner, un punto crucial que, según el camarista, no fue debidamente considerado por el fiscal.
En conclusión, Llorens y Bertuzzi votaron por revocar la decisión del juez de primera instancia, Casanello, que había rechazado «in limine» el planteo de la querella y declararon la nulidad del dictamen fiscal que solicitaba el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner. Este fallo restituye el interrogante sobre el grado de participación de la vicepresidenta en las operaciones de lavado de dinero lideradas por Báez, devolviendo a la justicia la responsabilidad de continuar indagando en una trama que, a más de una década de su inicio, sigue arrojando sombras sobre la dirigencia política argentina.
Es preciso recordar que la causa de la Ruta del Dinero K cobró notoriedad pública cuando el propio Marijuan impulsó su investigación en 2013. Sin embargo, con el paso del tiempo, el fiscal cambió de postura, fundamentando su pedido de sobreseimiento en la supuesta falta de pruebas contundentes para vincular directamente a Fernández de Kirchner con las operaciones de blanqueo de capitales. Ahora, con esta nueva resolución judicial, el proceso vuelve a sus primeras fases, abriendo nuevamente la puerta a que la expresidenta sea investigada en profundidad.
En este escenario, será fundamental observar cómo avanza la justicia en las próximas etapas de esta causa, en la que se entrelazan poder, corrupción y los intereses del país en esclarecer uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos.