El fiscal federal Ramiro González ha tomado una determinación crucial en la causa penal que involucra al ex presidente Alberto Fernández, quien ahora enfrenta una ampliación de las imputaciones en su contra. Inicialmente acusado de lesiones leves en reiteradas ocasiones, la declaración testimonial de la ex primera dama, Fabiola Yañez, y un escrito presentado recientemente han llevado a una reconfiguración de los cargos. Los delitos imputados incluyen lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad. Además, se suma la acusación por amenazas coactivas.

El fiscal González, convencido de la gravedad de los hechos investigados, subraya que, desde 2016, Alberto Fernández ejerció una “total asimetría” de poder sobre Fabiola Yañez. En este contexto, se ha citado a declaración testimonial a figuras clave como Federico Saavedra, médico presidencial; Alicia Barrios, periodista; María Cantero, ex secretaria de Fernández; y Sofía Pacchi, amiga de Yañez, entre otros.

Durante casi cuatro horas, Fabiola Yañez brindó un relato detallado de los episodios de violencia que asegura haber sufrido a manos del ex Jefe de Estado. Ratificó lo denunciado en un extenso escrito de veinte páginas enviado desde la Embajada argentina en Madrid, bajo el patrocinio de la abogada Mariana Gallego. En su testimonio, Yañez enumeró episodios de maltratos, hostigamiento, desprecio, agresiones y golpes, describiendo estas situaciones como una constante que le habría causado secuelas psicológicas profundas.

El dictamen del fiscal, describe una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar, según las distintas etapas del vínculo afectivo entre Yañez y Fernández. González subraya que más allá de las calificaciones penales, estos hechos revelan un contexto de violencia de género sustentado en una relación asimétrica y desigual de poder, la cual se agravó exponencialmente con la elección de Fernández como Presidente de la Nación.

El Ministerio Público Fiscal considera que la violencia que Yañez habría sufrido a lo largo de ocho años, en diversas modalidades y circunstancias, califica para un delito mayor que las lesiones leves inicialmente imputadas. Se detalla que, en 2016, Fernández habría obligado a Yañez a realizar un aborto, presionándola con frases como “hay que resolverlo, tenés que abortar”, lo que le habría causado un daño psíquico irreparable.

Los hechos imputados continúan en 2021, cuando Fernández presuntamente agredió físicamente a Yañez en varias ocasiones, incluso durante el escándalo de la “fiesta de Olivos”. Se mencionan episodios de violencia en los que Fernández la sujetó del brazo, la golpeó en el ojo, la zamarreó y le propinó una patada en el vientre, conociendo que podría estar embarazada. También se señala que durante el primer semestre de 2023, Fernández golpeaba habitualmente a Yañez, lo que provocaba que ella se refugiara en la casa de huéspedes de Olivos.

Las imputaciones recientes también incluyen hechos ocurridos este año, cuando Fernández, a través de mensajes y llamadas insistentes, habría intentado coaccionar a Yañez para que no prosiguiera con la denuncia penal. Estas acciones se suman a la acusación de amenazas coactivas, que configuran un cuadro legal cada vez más complejo para el ex mandatario.

En este contexto, el fiscal ha citado a varios testigos clave, entre ellos María Cantero, quien, a través de su celular, habría proporcionado imágenes explícitas de la violencia sufrida por Yañez. También se ha citado a Alicia Barrios, mencionada por la ex primera dama como conocedora de las agresiones, y a Sofía Pacchi, amiga cercana de Yañez y partícipe de la polémica fiesta de Olivos. Además, el doctor Federico Saavedra, médico personal de Fernández, deberá testificar sobre su conocimiento de las agresiones físicas.

La imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal, que señala a Alberto Fernández como responsable de delitos de lesiones graves, amenazas coactivas y violencia de género, marca un momento crítico en la vida pública del ex presidente. Las declaraciones de los testigos y el avance de la investigación determinarán el futuro judicial de una figura que, en su ascenso al poder, llevó consigo las sombras de un pasado oscuro y ahora enfrenta las consecuencias de sus actos.