Las elecciones que se celebrarán el próximo domingo en Venezuela tienen un impacto que excede la política doméstica del país. La posibilidad de cancelar la dictadura de Nicolás Maduro no solo evitaría una nueva oleada migratoria que podría llevar a un millón de ciudadanos al extranjero, sino que también permitiría la reanudación del proceso de integración regional, actualmente inviable bajo el chavismo. Además, la permanencia de este régimen opaco afecta el equilibrio global, pues Caracas se ha convertido en una plataforma para las operaciones de China, Rusia e Irán en la región. Estas elecciones, a su vez, son un termómetro para los alineamientos políticos internos en otros países: la postura hacia el chavismo revela mucho sobre los líderes y partidos.
La posibilidad de un cambio significativo en Venezuela parece más cercana que en otras ocasiones. Edmundo González Urrutia, el principal candidato de la oposición, lidera las encuestas con una ventaja de 20 puntos sobre Maduro. La oposición, a pesar de las proscripciones impuestas por el oficialismo, ha logrado unificar su oferta y nadie ha llamado a la abstención, a pesar de la exclusión de figuras como María Corina Machado. Esta unión fortalece la posición de González Urrutia, un diplomático que muchos argentinos recuerdan como embajador en Buenos Aires entre 1998 y 2002.
Otro factor novedoso es la pérdida de paciencia de dos aliados tradicionales de Maduro: el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ambos han instado a Maduro a garantizar elecciones transparentes. Lula subrayó que los vínculos internacionales deben basarse en el respeto a los resultados, independientemente de las simpatías personales. Este cambio de actitud refleja la creciente intolerancia hacia un régimen autoritario y corrupto, que ha impuesto un alto costo político para sus aliados.
Las advertencias de Lula y Petro están motivadas por varias razones. Para muchos venezolanos, estas elecciones representan la última oportunidad para su país. Si perciben fraude, podrían decidir migrar a destinos cercanos como Colombia y Brasil. Además, la movilización de tropas venezolanas en la frontera con Guyana en mayo, supuestamente para defender el Esequibo, fue vista como una amenaza a la seguridad regional. En respuesta, Estados Unidos incrementó la presencia de sus tropas en Guyana, exacerbando las tensiones.
Las elecciones del domingo han desatado un duelo verbal entre Maduro y Lula. Maduro advirtió sobre un posible «baño de sangre» si perdía, mientras que Lula insistió en que, en caso de derrota, Maduro debería irse. Estas tensiones llevaron al Superior Tribunal Electoral de Brasil a enviar veedores a Venezuela para supervisar la calidad de los comicios. El gobierno brasileño estará representado por Celso Amorim, asesor de Lula en política exterior, cuya voz será crucial en la legitimidad del proceso electoral.
La presencia de expresidentes como el dominicano Leonel Fernández y el español José Luis Rodríguez Zapatero como observadores también es relevante. Zapatero, cercano al chavismo, contrasta con Felipe González, quien aboga por la democratización de Venezuela. Desde la Casa Rosada, se observa el proceso venezolano con preocupación, especialmente debido a las críticas de Maduro hacia Javier Milei, a quien ha calificado de «nazi-fascista». Las autoridades argentinas temen que este hostigamiento pueda desencadenar violencia si hay controversia sobre los resultados.
¿Es posible un fraude? Los indicios son numerosos. La proscripción de candidatos opositores y la utilización del Consejo Nacional Electoral para invalidar boletas son prácticas comunes. Además, The New York Times ha documentado hostilidades hacia comerciantes que vendían alimentos a la oposición durante la campaña. La falta de concurrencia en los actos de Maduro y el modesto cierre de campaña en Valencia son señales de su nerviosismo.
El 5 de julio, Maduro prometió a los militares no entregar el bastón de mando, aunque observadores independientes creen que podría enfrentar dificultades si la victoria de González Urrutia es contundente. La encrucijada venezolana se centra en cómo lograr que un grupo de jerarcas, investigados por crímenes de lesa humanidad, acepte la derrota. Un pacto político que ofrezca un equilibrio entre penalización e impunidad es indispensable, aunque difícil de lograr. España, Francia, Brasil y Colombia serán actores clave en cualquier solución, y Estados Unidos también jugará un rol determinante.
En Washington, se entiende que la democratización venezolana es crucial para la estabilidad regional. Aunque los desafíos son grandes, hay un consenso sobre la necesidad de proporcionar impunidad a los líderes del chavismo para lograr una transición pacífica. Sin embargo, las disputas internas sobre la amnistía podrían generar conflictos, dificultando aún más el camino hacia la democracia en Venezuela.