Una de las tácticas cruciales que contribuyeron a su dominio fue la obtención de medidas cautelares que le permitieron evadir el pago de un impuesto vital. Esta exención fiscal le otorgó una ventaja competitiva significativa sobre sus rivales. Durante un periodo específico, desde mayo de 2021 hasta junio de 2022, la Tabacalera operó sin la cobertura de medidas judiciales que la eximieran de dicho gravamen.
Lo sorprendente es que, a pesar de esta ausencia de medidas cautelares, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) nunca instó a Tabacalera Sarandí a cumplir con sus obligaciones tributarias ni reclamó la deuda acumulada durante ese tiempo. Esta omisión, según estimaciones oficiales, podría haber superado los 340 millones de dólares en impuestos impagos.
Es relevante mencionar que este periodo de carencia de medidas judiciales coincidió con la gestión de Mercedes Marco del Pont al frente de la AFIP, quien mantenía estrechas relaciones con el entonces presidente, Alberto Fernández. Posteriormente, Marco del Pont fue sucedida por Carlos Castagnetto, señalado por la oposición como un defensor de los intereses de Pablo Otero en el Congreso.
Durante esta fase desprovista de medidas cautelares, se esperaba que Tabacalera Sarandí cumpliera con las mismas obligaciones fiscales que otras empresas del rubro. Sin embargo, la inacción de la AFIP permitió que la empresa continuara operando sin regularizar su situación impositiva.
La venta de cigarrillos está sujeta a una alta carga tributaria, con hasta cinco impuestos gravando este producto. Estos incluyen el Fondo de Asistencia Social, el Fondo Especial del Tabaco, Impuestos Internos, Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Ingresos Brutos. En 2023, la recaudación total por estos conceptos alcanzó los $650.000 millones, distribuidos entre diferentes entidades gubernamentales.
El impuesto interno es especialmente relevante, estableciendo una alícuota del 70% sobre el precio de venta al consumidor, con un monto mínimo actualizado trimestralmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta medida busca establecer un precio mínimo para los cigarrillos, incrementando así la recaudación fiscal y desalentando el consumo. Sin embargo, la elusión de este impuesto por parte de Tabacalera Sarandí le permitió ofrecer precios más bajos, ganando así mayor participación en el mercado.
Además de evadir impuestos, Tabacalera Sarandí también declaraba precios inferiores a los reales para sus productos, generando ganancias adicionales. Por ejemplo, declaraban que los cigarrillos Red Point costaban $656, mientras que su precio real en los kioscos era significativamente mayor. Esta disparidad entre el precio declarado y el real generaba ganancias informales para la empresa.
Estas prácticas de evasión fiscal y competencia desleal tuvieron un impacto considerable en la industria y en las finanzas del Estado. Según un informe de la consultora ABECEB, estas prácticas resultaron en una pérdida acumulada de recaudación de US$5.823 millones para el Estado nacional entre 2018 y 2023.
La situación llegó a un punto crítico en el ámbito judicial cuando Tabacalera Sarandí buscó la declaración de inconstitucionalidad del impuesto interno mínimo establecido por ley. Aunque inicialmente se concedió una medida cautelar a favor de la empresa, las autoridades apelaron la decisión. Finalmente, la declaración de inconstitucionalidad fue ratificada por la Cámara, lo que llevó a la AFIP a recurrir a la Corte Suprema en un intento por revertir la decisión.