Entre los detractores de la ley se encuentran Unión por la Patria, la Izquierda, los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón, así como también los representantes de Santa Cruz afines a Claudio Vidal y la legisladora cordobesa Natalia De La Sota.
Los cambios introducidos en esta versión del proyecto lograron convencer a legisladores que habían votado en contra durante el verano. Destacan entre ellos los radicales Facundo Manes y Pablo Juliano, quienes optaron por la abstención, y la líder del GEN, Margarita Stolbizer, que votó a favor en general aunque planea oponerse a varios capítulos específicos.
Sin embargo, para que la norma no quede vacía de contenido, es imperativo aprobar los 232 artículos de la ley, los cuales fueron el motivo de la caída del proyecto durante el debate anterior. Por ello, a pesar de los reclamos de la oposición, Martín Menem insistió en votar los paquetes de artículos por título y capítulo cerrado.
Entre los aspectos ya aprobados se incluyen las facultades delegadas, las privatizaciones, la reforma del Estado y la reforma laboral. Quedan pendientes votaciones sobre temas igualmente complejos como el impuesto a las Ganancias, el régimen de inversiones y la reincorporación del tributo al tabaco, donde se anticipa un debate agitado.
La aprobación de la ley finalmente dependió de las bancadas de la UCR, bajo la dirección de Rodrigo De Loredo, y de Hacemos Coalición Federal, liderada por Miguel Ángel Pichetto. Ambos grupos condicionaron los cambios en el texto, evidenciando la complejidad y la diversidad de intereses en juego.
En el debate, De Loredo expresó la preocupación por la «estatura republicana del Presidente», mientras que Pichetto defendió el grueso del texto pero criticó los ataques de algunos legisladores libertarios contra la política.
El proceso de votación en particular también estuvo marcado por tensiones, especialmente en torno al artículo 3, que faculta al Ejecutivo a modificar organismos públicos. A pesar de las excepciones agregadas para proteger ciertas instituciones, surgieron discrepancias sobre qué organismos deberían incluirse.
Otros puntos conflictivos incluyen la reversión del Impuesto a las Ganancias y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que generaron rechazo de algunos gobernadores y legisladores.
En medio de este debate candente, la oposición intentó sin éxito incorporar la eliminación de la cuota sindical obligatoria en la reforma laboral. El enfrentamiento entre oficialismo y oposición evidenció profundas diferencias ideológicas y estratégicas.
En resumen, la aprobación de la Ley Bases en su segunda instancia parlamentaria marca un hito en la agenda política nacional, reflejando las complejidades y tensiones que caracterizan el panorama legislativo actual.