La estrategia de defensa de Cristina Kirchner en el caso de las licitaciones viales ganadas por Lázaro Báez, ex socio comercial de la expresidenta, se basa en un dictamen de Barra que respalda su tesis de no tener responsabilidad institucional en los procesos irregulares. Ante esto, dirigentes del ARI-Coalición Cívica han presentado una denuncia por posible conflicto de intereses y han solicitado la destitución del jefe de los abogados del Estado.
La OA ha iniciado un expediente administrativo para analizar este caso, mientras Melik ha emitido instrucciones cautelares para que Barra se abstenga de intervenir en asuntos vinculados con Cristina Kirchner. Sin embargo, las actuaciones continuarán su curso para determinar si existe un conflicto de intereses, sobre lo cual Melik se pronunciará más adelante.
Es crucial destacar que Barra, en su calidad de Procurador del Tesoro, debe decidir si impulsará una acción civil contra Cristina Kirchner por daños y perjuicios estimados en 22.300 millones de pesos, donde el Estado fue considerado el damnificado por obras viales inconclusas de Báez.
El supuesto conflicto de intereses radica en la posible confrontación entre los intereses públicos y los privados de Barra, lo que podría afectar su imparcialidad en el desempeño de sus funciones. Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia institucional del gobierno y la continuidad de Barra en su cargo.
El dictamen de Barra, objeto de controversia, argumenta que el Presidente no tiene responsabilidad penal objetiva en el caso Vialidad, ya que la Dirección Nacional de Vialidad es autónoma y está sujeta a controles del Ministerio de Economía. Esta postura ha generado debate y críticas por parte de diversos sectores políticos y sociales.
En resumen, el caso Barra-Kirchner pone de manifiesto la complejidad de la relación entre el Estado y sus representantes legales, así como la necesidad de garantizar la imparcialidad y transparencia en la defensa de los intereses públicos. La resolución de este conflicto marcará un precedente importante en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Argentina.