Javier Milei y sus seguidores se regodean con el 13,2% de inflación de febrero, según el INDEC. Incluso, Alberto Fernández se aventura a deslizar la posibilidad de que hubiera sido de un dígito. Sin embargo, apenas 24 horas antes, el Gobierno se vio desbordado por la escalada de violencia narco en Rosario, un conflicto que lleva dos décadas sin respuestas convincentes por parte de la dirigencia política.
Milei, cómodo en el terreno económico, se muestra dubitativo y falto de ideas al abordar temas de seguridad. En una entrevista televisiva, repitió el error conceptual de Cristina Fernández al considerar que la seguridad es responsabilidad exclusiva de las provincias. Esta postura, además de ser errónea, es irresponsable. El narcotráfico, que se transforma en narcoterrorismo, es un delito federal que requiere un abordaje integral por parte del Estado nacional, con una coordinación efectiva entre las diferentes fuerzas de seguridad y los distintos niveles de gobierno.
Fernández, en un intento por enmendar su error inicial, profirió frases altisonantes como «o son ellos o somos nosotros», y prometió «no temblarle el pulso» para poner fin a la acción de los sicarios. Sin embargo, estas promesas vacías no se traducen en acciones concretas. Un año atrás, tras la muerte de un niño de 12 años en Rosario, el Presidente prometió el refuerzo de efectivos, la intervención del Ejército y la acción de la UIF, pero la situación actual ha empeorado considerablemente.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, anunció medidas similares a las que implementó durante su gestión anterior en el mismo cargo. La diferencia es que ahora dialoga con Maximiliano Pullaro, actual gobernador de Santa Fe, quien durante su gestión como ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz logró la menor tasa de criminalidad narco en la historia de la ciudad.
En contraste, Omar Perotti, actual gobernador, no ha logrado controlar a la policía provincial, que en cuatro años ha tenido nueve jefes. Tampoco ha contado con un real compromiso del Gobierno nacional, que ha brillado por su ausencia en la lucha contra el narcotráfico en Rosario.
El problema es complejo y multifacético. Los anuncios rimbombantes no siempre se traducen en soluciones efectivas. El refuerzo de agentes de Corrientes, anunciado por Bullrich, no es una solución mágica. La clave está en la policía local, que padece una logística paupérrima, graves problemas de corrupción y una profunda falta de capacitación.
Los recortes del presupuesto también impactan en la seguridad. La eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) ha paralizado obras en barrios carenciados como Los Pumitas, donde fue asesinado un niño de 12 años hace un año. Estas obras eran esenciales para mejorar las condiciones de vida en esos lugares y reducir el caldo de cultivo para el narcotráfico.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) también es un foco de preocupación. Bullrich relevó a toda la cúpula y reinstaló el Departamento de Inteligencia Penitenciario, disuelto por Alberto Fernández en una decisión inexplicable que solo ha servido para fortalecer a las bandas narcos dentro de las cárceles.
Mientras el Gobierno se debate entre el ajuste y las balas, Rosario se desangra. El narcoterrorismo avanza sin pausa y la respuesta oficial sigue siendo insuficiente. La falta de coordinación entre Nación, Provincia y Municipio, sumada a las falencias en la Justicia y las fuerzas de seguridad, configuran un escenario complejo que exige soluciones urgentes y profundas.
La sociedad argentina no puede seguir esperando. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y ponga fin a la violencia narco en Rosario. Se necesitan medidas concretas y contundentes para desarticular las bandas criminales, recuperar el control de las calles y brindar seguridad a los ciudadanos.