Este jueves, una medida económica anunciada por el Ministerio de Economía ha dejado patente la incomodidad oficial respecto a lo que consideran una traición por parte de algunos gobernadores.
La eliminación de los subsidios a las empresas de colectivos operando fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) supone un desafío directo a las arcas provinciales.
La decisión, anunciada en un comunicado matutino bajo la dirección de Luis Caputo, ha generado un revuelo político inmediato. Se trata de la supresión «inmediata» del Fondo Compensador del Interior, una fuente de financiamiento que hasta ahora había sido crucial para subsidiar los pasajes de las compañías de transporte en las provincias.
Este fondo, que en diciembre alcanzó los $11.500 millones, ha sido un punto de conflicto con varias jurisdicciones que lo veían como discriminatorio respecto a los recursos destinados al AMBA.
La medida implica que los gobernadores se verán obligados a aumentar los recursos para mantener las tarifas de transporte locales, evitando así un aumento brusco en los precios de los boletos. Esto plantea un desafío financiero considerable para las administraciones provinciales, especialmente en un contexto de creciente presión económica.
La resolución también establece que la asistencia nacional se canalizará exclusivamente a través del sistema SUBE y estará dirigida únicamente a los beneficiarios de la tarifa social, que disfrutarán de un descuento del 55%. Sin embargo, este sistema tiene una cobertura limitada y solo está vigente en 60 ciudades del país.
El anuncio del gobierno implica un cambio significativo en la política de subsidios al transporte, que se había mantenido congelada desde la gestión anterior. Ahora, se espera que los gobernadores deban asumir el peso de mantener las tarifas o establecer subsidios significativos con fondos propios.
La reacción de algunos gobernadores no se hizo esperar. Maxi Pullaro de Santa Fe expresó su sorpresa ante la decisión, indicando que deberá reformular el esquema tarifario de su distrito. Mientras tanto, desde el oficialismo se argumenta que esta medida era esperada, aunque el fracaso legislativo del martes ha acelerado el proceso de implementación.
Es evidente que esta decisión está vinculada a la tensión política generada por el fracaso de la Ley Bases y la percepción de traición por parte de algunos sectores del oficialismo. El Gobierno parece estar redefiniendo su estrategia, preparándose para presentar una nueva agenda de reformas tras este revés legislativo.