Entre reproches y acusaciones de «traición», la tensión política no solo se limitó al enfrentamiento entre el Ejecutivo y los gobernadores y diputados dialoguistas, sino que se infiltró incluso dentro de las propias bancadas, incluyendo la oficialista libertaria. Este clima enrarecido augura consecuencias aún inciertas en el horizonte político.
Desde Israel, el presidente Javier Milei no tardó en sumarse a la refriega. «La casta se ha opuesto al cambio que los argentinos hemos votado en las urnas», tuiteó minutos después de la votación.
Las reacciones no se hicieron esperar por parte de «Las fuerzas del cielo», quienes prometieron una represalia inminente. «La traición tendrá un alto costo, y La Libertad Avanza no tolerará que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios», declararon desde la cuenta oficial del partido de Milei.
El retorno del proyecto a comisión se produce después de cuatro sesiones de debate y, sorprendentemente, incluso tras la aprobación general de la ley por 144 votos a favor y 109 en contra el pasado viernes. Tras más de un mes de negociaciones, el proyecto original de 664 artículos quedó reducido a poco más de 300.
Sin embargo, en la jornada de hoy, en el recinto solo se logró votar hasta el artículo 6 en particular. Entre estos puntos, el Gobierno había logrado aprobar seis emergencias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. No obstante, surgieron obstáculos al intentar delegar facultades legislativas al presidente, especialmente evidenciado en el artículo 4, donde algunas disposiciones clave fueron rechazadas, dejando la emergencia en seguridad en una mera declaración simbólica.
Asimismo, se denegaron al presidente poderes significativos, como el de regular el sector energético o modificar fideicomisos cruciales para los gobernadores. Este último punto generó divisiones incluso dentro de La Libertad Avanza, como lo demuestra el voto en contra de Carolina Píparo por una modificación solicitada por Nicolás Massot.
El siguiente punto en el debate, el capítulo de privatizaciones, se vislumbraba como un terreno aún más disputado, exacerbando las tensiones presentes.
En medio de este escenario convulso, varios legisladores de bloques dialoguistas intentaron moderar la discusión cuando el fracaso parecía inminente, mientras que los libertarios se limitaron a aplaudir algunas intervenciones.
Las dificultades en las negociaciones se evidenciaron desde el principio, con discrepancias significativas durante la firma del dictamen, donde, si bien el proyecto oficialista obtuvo 55 firmas, 34 de ellas estaban en disidencia en más de 100 artículos.
La falta de construcción de confianza, sumada a la atomización opositora y la inflexibilidad oficialista, contribuyeron al estancamiento del proceso. La amenaza de retirar el proyecto, atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo, si no se aprobaban ciertas disposiciones, añadió presión al ya tenso ambiente.
Finalmente, la decisión de retirar el proyecto se concretó tras el cuarto intermedio, en el cual los líderes de bloque se reunieron con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y con Caputo. Desde el Ejecutivo se argumentó que lo aprobado hasta ese momento «ya no cumplía con sus objetivos».
Esta situación ha dejado al descubierto las tensiones y disidencias que persisten en el ámbito legislativo argentino, mientras el país aguarda con incertidumbre el próximo capítulo de este tumultuoso proceso político.