El trasfondo de esta disputa se remonta a finales de 2023, cuando la Cámara Federal de Buenos Aires revocó el sobreseimiento concedido a la ex presidenta en este caso, a raíz de un pedido del fiscal Guillermo Marijuan. Este último argumentó la insuficiencia de pruebas para eximir a Kirchner de la pesquisa.
Los jueces de instancia consideraron pertinente esta medida, en consonancia con los planteamientos de la asociación civil Bases Republicanas, que se había sumado como parte acusadora. Según esta entidad, Cristina Kirchner debía ser investigada en relación con su ex socio comercial, Lázaro Báez, quien ya había sido sentenciado a 10 años de prisión por delitos asociados al lavado de dinero.
En su resolución, los magistrados detallaron aspectos cruciales que no podían obviarse al analizar el papel de la ex mandataria en las actividades de lavado de activos. Sin embargo, Cristina Kirchner se opuso a esta determinación y llevó el caso ante la máxima instancia penal, la Cámara de Casación, que recientemente ha rechazado sus alegatos, respaldando así lo decidido previamente.
Los jueces de la Sala IV de Casación, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, argumentaron que el recurso presentado carecía de fundamentos válidos, ya que las decisiones impugnadas no constituían fallos definitivos. En este sentido, consideraron que no correspondía otorgar la apelación solicitada por la defensa de Kirchner, postura en la que se disentía Mariano Borinsky.
Al justificar la decisión mayoritaria, los camaristas afirmaron que no se evidenciaba un perjuicio inmediato e irreversible para la ex mandataria a causa de la resolución impugnada.
Con este pronunciamiento, el proceso de investigación continúa en curso, manteniendo a Cristina Kirchner como imputada por presuntos delitos de lavado de dinero. La causa está a cargo del juez Sebastián Casanello, si bien persiste la discusión sobre la intervención del fiscal, dado que el Ministerio Público había considerado previamente que no había pruebas suficientes para proseguir con el caso.
Este segmento residual de la Ruta del Dinero K se centra en dilucidar el grado de implicación de Cristina Kirchner en las operaciones de lavado de dinero, específicamente en relación con Lázaro Báez.
Es importante recordar que Báez fue condenado por lavar una considerable suma de dinero entre 2010 y 2013, mientras mantenía estrechos vínculos comerciales con la ex presidenta. Los negocios entre ambos y las visitas del entorno de Báez a la residencia presidencial de Olivos en aquel período han sido objeto de atención en este proceso.
Además, la empresa de Báez, Austral Construcciones, obtuvo un porcentaje significativo de contratos viales en la provincia de Santa Cruz, los cuales, según investigaciones anteriores, estuvieron marcados por irregularidades como direccionamiento de concursos, falta de control y sobreprecios.
Bases Republicanas ha insistido en la vinculación de diversos hechos denunciados previamente, que según ellos no fueron debidamente considerados en la solicitud de sobreseimiento de Kirchner por parte del fiscal Marijuan. Entre estos elementos, destacan las comunicaciones telefónicas entre Kirchner y Báez, reveladas durante una pericia.
En este contexto, la Cámara Federal de Buenos Aires había ordenado la reapertura de la investigación contra Cristina Kirchner, y ahora la Casación, mediante la firma de Hornos y Carbajo, ha avalado esta decisión al rechazar los argumentos presentados por la ex vicepresidenta.
Es relevante destacar que el tribunal de apelaciones había criticado previamente la falta de precisión del fiscal Marijuan al relacionar a Cristina Kirchner con Lázaro Báez, sin detallar el rol específico que se le atribuía en el desarrollo de las actividades delictivas.