La causa conocida como «Chocolate» ha vuelto a escena con una nueva perspectiva: la Justicia dirigirá su mirada hacia los diputados bonaerenses que supuestamente instigaron la contratación de «ñoquis», estableciendo así un sistema de recaudación millonario (e ilegal) en la Legislatura provincial.

Hasta el momento, el principal implicado, Julio «Chocolate» Rigau, había sido considerado un delincuente de baja categoría. Según los investigadores, su detención pudo haber ocurrido antes, de no ser por la protección política que le otorgaba impunidad.

Durante un extenso período, que se estima en varios años, Chocolate visitaba regularmente una sucursal del Banco Provincia en el centro de La Plata. Su rutina consistía en acudir dos veces por semana, siempre en la misma franja horaria vespertina.

En cada visita, llevaba consigo 48 tarjetas de débito para retirar alrededor de $27 millones mensuales de los sueldos de los «ñoquis» empleados por la Legislatura bonaerense. Este procedimiento le tomaba al menos media hora, ya que insertaba repetidamente las tarjetas en los cajeros automáticos para extraer la cantidad máxima permitida, que era de $40,000 por transacción.

Operando como un hábil jugador de ruleta que apuesta en varias mesas simultáneamente, Chocolate manejaba dos o tres cajeros a la vez. Dada la elevada suma de los salarios, fijados en $580,000, necesitaba visitar el banco varias veces al mes. La recaudación la guardaba en una bolsa, todo un espectáculo de corrupción diseñado para pasar desapercibido.

La detención de Rigau tuvo lugar el 9 de septiembre, cuando una jubilada, cansada de esperar su turno en el cajero, lo denunció a un agente policial. Fue capturado con las 48 tarjetas y $1,400,000 en efectivo. Según el juez Guillermo Asencio, este esquema de corrupción le habría permitido a Chocolate apropiarse de unos $800 millones, según estimaciones de terceros.

Los Albini y su papel en el entramado

Los investigadores afirman que Rigau no se quedaba con todo el dinero. Solo percibía $200,000 mensuales de los $27 millones que retiraba. Molesto por la escasa remuneración, demoraba en rendir cuentas a su jefe directo, Facundo Albini. Tras el escándalo, Albini renunció a su cargo como concejal de Unión por la Patria.

Facundo Albini, a su vez, reportaba a su padre, Claudio Albini, un político influyente que durante años gestionó la oficina de personal de la Cámara de Diputados bonaerense. Este rol era crucial para el esquema de desfalco, ya que administraba los contratos de manera centralizada.

Actualmente, el Clan Albini se encuentra bajo prisión preventiva, al igual que Chocolate. Su reclusión podría prolongarse hasta que se celebre el juicio. A nivel político, los Albini estarían vinculados al diputado massista Rubén Eslaiman, según presume la Justicia y el ámbito político.

Sorprende la falta de pronunciamiento sobre el escándalo por parte de Sergio Massa y la ausencia de interrogantes de legisladores de otros partidos. La fiscal Betina Lacki busca ahora identificar a quienes autorizaron la contratación de los «ñoquis». Para ello, solicitó la nómina de empleados del área de personal de la Legislatura, encontrando resistencia inicial para obtenerla.

La fiscal, molesta por la obtención confusa de la lista, planea citar a declarar a cada empleado del área de personal de la Cámara de Diputados para identificar a quienes ordenaron la contratación de los «ñoquis» cuyas tarjetas estaban en manos de Chocolate Rigau.


Se especula sobre posibles allanamientos a la Legislatura bonaerense si persisten los obstáculos en la entrega de información.

Mientras tanto, reflexiono sobre lo aprendido, siendo yo niño, al ver tantas películas del lejano oeste, cuando en más de una oportunidad nos enseñaba, que, a pesar de todo, el bien siempre triunfa y sobre el largo brazo de la ley, así que, en mí, predomina la paciencia y, las ansías de disfrutar un final feliz, donde los malos caen en desgracia y los buenos (nosotros, el pueblo) salimos triunfantes.