El proyecto, compuesto por 664 artículos y 351 páginas, lleva la firma del presidente Javier Milei y su equipo, tras un proceso que ha fluctuado entre idas y vueltas en su elaboración. La decisión final del Gobierno ha sido optar por una única ley abarcadora, dividida en múltiples capítulos, desechando la idea de fraccionarla en distintas iniciativas. Además, en respuesta a la controversia con la oposición y expertos legales por el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se ha incorporado un artículo que «ratifica» el decreto 70/2023.
Este proyecto abarca diversos ejes temáticos. Desde límites a las manifestaciones y piquetes, la derogación de las PASO, el traslado de la Justicia Nacional a la Ciudad, hasta la implementación del Juicio por Jurados. También establece la emergencia pública y económica hasta finales de 2025, otorgando al Ejecutivo la facultad de privatizar 41 empresas estatales.
Entre los puntos destacados, se encuentran modificaciones en la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados y cambios en el financiamiento de los partidos políticos, junto con restricciones para funcionarios públicos en sus actividades políticas.
El texto declara la emergencia pública en múltiples áreas hasta finales de 2025, con la posibilidad de extender este plazo por dos años más mediante decisión del Poder Ejecutivo. Además, se presenta un programa de blanqueo de capitales hasta noviembre de 2024, eximiendo del pago de impuestos especiales a aquellos que declaren montos menores a 100 mil dólares.
En el ámbito administrativo, otorga al Ejecutivo la potestad de mejorar la profesionalización de la carrera administrativa y centralizar, fusionar o eliminar entidades descentralizadas. Asimismo, se prevé la intervención y posible eliminación de organismos de la Administración Pública, con excepción de las universidades nacionales, con la reubicación del personal afectado.
En lo referente a la privatización, se señala la intención de privatizar empresas estatales mayoritarias o de propiedad total, como Aerolíneas Argentinas, YPF y el Banco Nación, entre otras. En cuanto a la digitalización, se establece que todos los trámites en el Sector Público Nacional deben realizarse electrónicamente.
En materia penal, se introducen cambios significativos, incluyendo penas más severas para los participantes en piquetes y líderes que coaccionen a terceros para unirse a estas protestas. Además, se exige la notificación previa de manifestaciones al Ministerio de Seguridad con 48 horas de antelación y se amplía la figura de legítima defensa, así como el juzgamiento por jurados de delitos con penas superiores a cinco años de prisión.
En el ámbito electoral, se elimina el sistema de las PASO, se modifica la composición de la Cámara de Diputados y se instaura el voto por circunscripción, entre otros cambios importantes.
Este proyecto ha sido presentado con el llamado a los legisladores para que tomen decisiones en favor de la libertad y el progreso del país. Se espera un proceso legislativo intenso, con debates y definiciones cruciales para el futuro de Argentina.
La iniciativa ha generado polémica y movilizaciones, incluyendo la marcha de la CGT y otras organizaciones frente a Tribunales, así como una avalancha de llamadas a la línea de denuncia por extorsión para asistir a manifestaciones.
Este proyecto, clave para la reconstrucción y el futuro del país, coloca en manos del Congreso la responsabilidad de definir el rumbo de la nación, en un contexto marcado por una profunda división y la necesidad de cambios estructurales.