Los cambios propuestos abarcan una amplia gama, desde modificaciones en leyes laborales hasta la derogación de normativas clave como la ley de alquileres, la de Abastecimiento, la de Compre Nacional, y la prohibición de privatizar empresas públicas. Se autorizará la transferencia de acciones de Aerolíneas Argentinas, la adopción de políticas de cielos abiertos, y la inclusión de las prepagas en el régimen de obras sociales. Asimismo, se proyectan desregulaciones en el sector turístico y de servicios de internet satelital, destacando a empresas como Starlink, propiedad de Elon Musk.
En un tono crítico, Milei delineó un escenario de «infierno económico» engendrado por políticos que se autoproclaman omnipotentes y cuestionó las intromisiones estatales en la esfera privada. Haciendo hincapié en la necesidad de eliminar el déficit, el presidente destacó un fuerte ajuste fiscal y la reestructuración del Banco Central como medidas ineludibles.
Detalló las modificaciones del decreto, entre ellas, la derogación de la Ley de Góndolas, del Observatorio de Precios, la Ley de Promoción Comercial, y cambios sustanciales en el ámbito laboral, financiero, y comercial. Se proyecta la transformación de empresas estatales en sociedades anónimas para su futura privatización, reformas en el Código Aduanero, y ajustes en diversas áreas como el sector vitivinícola, farmacéutico, y el marco regulatorio de las empresas del Estado.
Emergencia y Reformas Laborales
El decreto declara una emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025 en diversas áreas, otorgando al Ejecutivo facultades delegadas para tomar medidas que requerirían la aprobación del Congreso. En el ámbito laboral, se abre la puerta a un período de prueba extendido a 8 meses para contratos indefinidos, con la posibilidad de terminar la relación sin causa, indemnización, pero con preaviso.
La normativa prohíbe bloqueos o tomas de establecimientos, asegurando la circulación en servicios esenciales durante conflictos sindicales, estableciendo un 75% de cobertura. Se destacan cambios en las indemnizaciones laborales, buscando desincentivar lo que se conoce como «industria del juicio». Se habilita a los empleadores a contratar sistemas privados de capitalización para cubrir las indemnizaciones.
Otros cambios relevantes incluyen la posibilidad para trabajadores independientes de asociarse con hasta cinco colegas para emprendimientos productivos, simplificación en la registración laboral para eliminar multas y la eliminación de la ultraactividad de los convenios laborales.
Desregulación y Reformas Económicas
En el ámbito de los alquileres, se permite establecer contratos en moneda local o extranjera a elección de las partes, derogando la ley actual y estipulando contratos de dos años. En el sector de la salud, se eliminan regulaciones que afectaban a las prepagas y se reforma el marco regulatorio para una mayor competencia.
El retorno de los «cielos abiertos», la liberalización tarifaria en el transporte aéreo, y la eliminación de ventajas estatales a empresas públicas son aspectos clave del decreto. Se promueve una inserción comercial internacional, adoptando estándares internacionales y eliminando restricciones a las exportaciones.
En el ámbito de las deudas, se establece la obligación de dar dinero en la moneda acordada al momento de la constitución de la obligación.
Este megadecreto, con su enfoque radical de desregulación y reforma, redefine múltiples aspectos de la economía y las relaciones laborales, generando polémica y controversia en diversos sectores sociales y empresariales.