En una jugada estratégica, Javier Milei utilizará la Cadena Nacional este miércoles para esclarecer los detalles del decreto de desregulación económica, un ambicioso plan que reforma múltiples leyes, incluyendo la regulación de alquileres. Este decreto, que elimina regulaciones consideradas «obsoletas», será publicado tras la medianoche.

En un contexto marcado por las protestas de movimientos sociales y gremios en rechazo a las medidas de ajuste, así como para conmemorar los eventos del 20 de diciembre de 2001, el presidente dirigirá un mensaje a la nación a partir de las 12 para exponer su plan de gobierno y las transformaciones que pretende instaurar en la economía.

Simultáneamente, se espera que grupos piqueteros desafíen el protocolo de orden público anunciado por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, al llegar a los principales accesos de la Ciudad.

El Gobierno apuesta a publicar el denominado «DNU Omnibus» en el Boletín Oficial este miércoles, buscando desregular la economía y reestructurar el Estado. El decreto, que consta de más de 200 páginas, será firmado por el presidente en las próximas horas, tras una exhaustiva revisión a cargo del secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo. Esta iniciativa busca complementar el paquete de leyes que se enviará al Congreso antes del viernes, con el objetivo de eliminar las supuestas «trabas» estatales en la economía, reducir el gasto y estimular la actividad para mejorar la creación de empleo de calidad y proteger a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

El economista Federico Sturzenegger, responsable de compilar estas medidas, ha trabajado en la actualización de un proyecto elaborado hace dos años, ofreciéndolo incluso a otros candidatos presidenciales, incluyendo a Patricia Bullrich.

Este decreto, por un lado, agiliza trámites para emprendedores, introduce una suerte de reforma laboral, regula el empleo público, modifica artículos de la polémica ley de Alquileres y reorganiza distintas áreas del Estado nacional y actividades como el turismo.

El DNU propone cambios significativos en las leyes laborales vigentes, incluyendo la reducción del período de prueba, la eliminación de multas por registración irregular, penas más severas para despidos discriminatorios, la participación del Estado en la percepción sindical de cuotas «solidarias», la aplicación voluntaria de un fondo de cese de actividad similar al de la UOCRA y el despido justificado ante bloqueos de empresas.

Aunque el Gobierno ha revisado minuciosamente las disposiciones ante el temor a posibles acciones judiciales, el abogado laboralista Héctor Recalde predice «una ola de amparos» debido a la aparente intención de la administración actual de reducir los derechos de los trabajadores.

La iniciativa también busca modificar la estructura del Estado y de las empresas públicas, estableciendo límites en la cantidad de personal y regulando el uso de autos oficiales y otros beneficios para altos funcionarios.

En última instancia, el DNU aspira a eliminar obstáculos burocráticos para la producción y el comercio, agilizando la normativa legal para impulsar actividades como el turismo, con modificaciones previstas en la labor de los agentes de viajes.