En una jugada política de considerable magnitud, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha comunicado una polémica disposición que permite a las fuerzas federales intervenir en cortes parciales o totales en las calles sin necesidad de autorización judicial previa. Esta medida, según fuentes oficiales, se sustenta en el artículo 194 del Código Penal, con la intención de poner freno a las acciones de los líderes de organizaciones sociales más activas.
«Las calles no serán tomadas. Habrá consecuencias. Vamos a ordenar el país; los cortes terminan aquí», enfatizó Bullrich en una conferencia de prensa que generó fuertes reacciones, siendo acusada por dirigentes sociales y de izquierda de vulnerar el derecho constitucional a la protesta y promover acciones al límite de la legalidad.
Este anuncio se produce a días de una movilización piquetera de gran escala que pondrá a prueba este nuevo protocolo. En línea con la política gubernamental, se ratifica la doctrina de «el que las hace, las paga» y del «que corta, no cobra» en relación a los planes sociales.
Bullrich ha materializado estas advertencias con un anuncio efectuado en soledad en su sede ministerial. Este control de las calles se presenta como un desafío considerable en medio de los intentos de Milei por estabilizar la economía y contener la inflación a través de un ajuste drástico.
Según lo dispuesto, las fuerzas federales, junto al Servicio Penitenciario Federal, bajo la órbita de Bullrich, tendrán la autorización para intervenir en cortes de vía pública. «La ley se cumple en su totalidad o no se cumple en absoluto», argumentó la funcionaria, destacando la derogación del «protocolo garantista» de la exministra Nilda Garré.
El protocolo detalla la identificación y sanción de aquellos implicados en cortes de calles, incluyendo la incautación de vehículos y la notificación a las autoridades correspondientes. Además, se prevé el uso gradual de la fuerza frente a la resistencia de los manifestantes, empleando armas no letales para disolver las protestas.
La cooperación con las provincias se presenta como un objetivo clave, esperando el respaldo de los gobernadores para liberar a los ciudadanos de situaciones de «extorsión». En ese sentido, se destacó la colaboración con Jorge Macri y la aspiración de contar con el apoyo de Axel Kicillof en el control de accesos desde la provincia a la Capital durante manifestaciones.
A pesar de la inquietud de figuras políticas prominentes, Bullrich confía en capitalizar su rol en el gobierno de Milei, respaldada por el respaldo social que este ha logrado. Sus seguidores confían en que este respaldo sea suficiente para superar la resistencia de grupos sociales y sindicales más beligerantes.
El país queda a la expectativa mientras la tensión política y social crece ante estas medidas que pretenden imponer el orden público a cualquier costo.