Estos datos se sitúan ligeramente por encima de las cifras proporcionadas por el INDEC para el segundo trimestre, que reportaron un 41,1% de pobreza y un 9,8% de indigencia.
La situación entre los menores de 17 años es aún más alarmante, con un 62,9% viviendo bajo el manto de la pobreza, entre los cuales un 16,2% residen en hogares indigentes. Esta triste realidad abarca a 8 millones de niños y adolescentes, de los cuales 2,1 millones se encuentran en condiciones de indigencia. Con el desenfreno inflacionario desde octubre, se teme que la pobreza supere el 45% antes de cerrar el año.
Además, el 32,2% de estos menores ha experimentado situaciones de «insuficiencia alimentaria», un porcentaje que se eleva alarmantemente al 64,5% entre los hogares que sufren la pobreza extrema.
Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA, advierte que, en este contexto de estanflación persistente y ajustes venideros, la pobreza seguirá en ascenso en el próximo año, a pesar de las ayudas estatales a las familias más necesitadas.
Salvia destaca el fin del ciclo económico posconvertibilidad, mencionando que tanto los modelos pro-mercado como los pro-Estado han contribuido a levantar barreras estructurales al crecimiento productivo y al desarrollo social. Esta situación, advierte, podría generar más pobres debido al declive de las clases medias bajas, aumentando la pobreza estructural y la dependencia de la asistencia pública, a la vez que fomenta el crecimiento del trabajo informal y una economía de subsistencia, con impactos devastadores en la salud, educación y acceso a la justicia de los estratos más desfavorecidos.
El Informe de la UCA identifica el descenso dramático de las remuneraciones entre 2017 y 2023 como uno de los motores del aumento de la pobreza, con una caída del poder adquisitivo de los ingresos laborales del 32,1% debido a la inflación y la prolongada recesión. Este escenario ha dado lugar a un nuevo fenómeno: el trabajador pobre. En 2023, el 33,1% de las personas ocupadas tienen ingresos inferiores a la línea de pobreza individual y el 32,5% vive en hogares pobres.
El desempleo, aunque ha disminuido, no ha evitado la precarización laboral: el 51,9% de la población ocupada carece de aportes a la Seguridad Social, cifra que se dispara al 83,3% en el segmento de menores ingresos. Esta realidad golpea con más fuerza a quienes laboran en el sector informal o tienen empleos precarios.
A pesar de los programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Informe sugiere que aunque han logrado reducir la indigencia, no han sido efectivos para disminuir la pobreza en su totalidad. El 44,7% de pobreza se elevaría al 49,1% sin estas ayudas, y la indigencia saltaría del 9,6% al 20,1%.
Se destaca en el informe la distribución diferencial de los bajos ingresos y el riesgo de pobreza, impactando más duramente a quienes trabajan en la informalidad o tienen empleos precarios, duplicando o triplicando el riesgo promedio.
Los datos adicionales revelan que el 41,3% de la población reside en hogares que recibieron alguna ayuda social relacionada con transferencias de ingresos, y el 24,2% recibió bolsas de alimentos o comidas de comedores no escolares. Estas ayudas alcanzan principalmente a los estratos bajos, con déficits educativos y en condiciones de pobreza o inseguridad alimentaria, revelando la mayor incidencia en los sectores más desfavorecidos.