El juez de Garantías del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, Gabriel Castro, otorgó la excarcelación extraordinaria solicitada por la defensa de Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante. Sin embargo, el exitoso cantante de cumbia no podrá abandonar la cárcel hasta que la resolución quede firme.
La resolución emitida por el magistrado establece que Valenzuela deberá pagar una caución de $20 millones, se le prohíbe acercarse al vecino que lo denunció y deberá presentarse mensualmente en el juzgado. La prohibición de acercamiento establecida por el juez incluye un radio de 500 metros de los domicilios del denunciante y de una testigo que presenció el incidente ocurrido el 27 de mayo pasado en el barrio Bicentenario de General Rodríguez.
«La libertad concedida a través de este mecanismo no se hará efectiva hasta que el acusado Valenzuela sea notificado de esta resolución, realice el depósito correspondiente en la sucursal bancaria y la presente resolución se vuelva definitiva sin la interposición de algún recurso de apelación o, en su caso, adquiera doble conformidad ante la apelación de alguna de las otras partes involucradas», resolvió el juez en un fallo de 14 páginas.
L-Gante fue arrestado el pasado 6 de junio, acusado de privación ilegal de la libertad y amenazas coactivas contra un vecino del barrio Bicentenario. El viernes pasado, Valenzuela fue recibido por el juez de Garantías N° 3, quien llevó a cabo una entrevista en la llamada «audiencia de visu».
Durante esta audiencia, L-Gante expuso las razones por las cuales debía ser beneficiado con la excarcelación extraordinaria, después de que el magistrado desestimara dos agravantes de la acusación inicial al rechazar la primera solicitud de liberación presentada por su primer abogado.
El nuevo abogado defensor, Juan Pablo Merlos, explicó que «la excarcelación puede ser bajo caución juratoria, es decir, mediante una promesa de palabra y estableciendo un domicilio, o subsidiariamente, puede ser con monitoreo electrónico a través de una tobillera».
Sin embargo, el juez no aceptó la solicitud de caución juratoria y fijó una fianza de $20.000.000. Además, impuso una serie de condiciones que Valenzuela deberá cumplir para que se le conceda la excarcelación extraordinaria.
«Tras analizar los hechos y tomar medidas preventivas, considero que la sujeción del acusado al proceso está garantizada y se protege adecuadamente la integridad de las víctimas, asegurando así no solo el principio general de que el imputado transite el proceso en libertad, sino también el principio de presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la igualdad de armas y el debido proceso penal», expresó el juez en los fundamentos de la resolución.
El abogado que representa a la víctima, Leonardo Sigal, anunció que presentará un recurso contra la resolución del juez debido a la existencia de los llamados «riesgos procesales», que plantean la posibilidad de que un acusado, al ser beneficiado con la excarcelación, pueda amenazar a los testigos, evadir la acción de la justicia y alterar las pruebas. El fiscal que acusó a Valenzuela, Raúl Villalba, podría tomar una decisión similar.
«Al considerar la aplicación de la caución correspondiente en estas circunstancias, debo decir que la juratoria o personal no son aplicables en este caso, teniendo en cuenta los delitos de los que se acusa al imputado y su estilo de vida, su participación en innumerables conciertos y su capacidad económica, como queda demostrado», detalló el juez en su resolución al referirse a los recursos económicos que posee Valenzuela y que le permitirían pagar la fianza establecida.
Según la acusación presentada por la fiscal Alejandra Rodríguez, el 27 de mayo pasado, durante la madrugada, el denunciante recibió una llamada en su teléfono celular en la que Valenzuela, líder del grupo Cumbia 420, lo amenazó, anticipándole que iría a su casa para matarlo a él y a su familia.
De acuerdo con el expediente judicial, el cantante cumplió parte de su amenaza al presentarse en la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, a bordo de una camioneta BMW con prohibición de circular. Luego de apuntarle con un arma, lo obligó a subir al vehículo y fue a buscar a otra víctima, una mujer. Valenzuela mantuvo a ambas personas retenidas durante veinte minutos.
«Considerando los lujosos automóviles importados de marcas como BMW y Jeep, e incluso una limusina, sumados a su reconocido estilo de vida en un barrio privado y la propiedad de otros inmuebles, además de sus continuos viajes nacionales e internacionales y múltiples teléfonos celulares de última generación, considero que la fianza real es adecuada y aplicable en este caso», expresó el juez al fundamentar el monto de la caución fijada.
Horas antes de que se conociera la resolución del magistrado que otorgó la excarcelación a L-Gante, su abogado presentó una denuncia por amenazas contra un familiar de Valenzuela.
«Durante las últimas semanas, hemos sido testigos, al menos desde la perspectiva mediática, de circunstancias en las cuales un familiar de Valenzuela ha intentado modificar las declaraciones testimoniales que dos funcionarios públicos del Ministerio Público Fiscal recibieron con las debidas garantías», afirmaron los abogados Sigal y Pablo Becerra en la denuncia presentada ante la fiscalía.
L-Gante enfrenta otras cuatro causas penales pendientes. Uno de estos casos fue elevado a juicio oral un día antes de su arresto, el 6 de junio pasado.
En la descripción de los hechos en la solicitud de juicio oral, el fiscal Leandro Ventricelli sostuvo que «está comprobado que el 8 de diciembre de 2021, alrededor de las 2:15 a.m., Valenzuela [L-Gante], Báez e Ibáñez dañaron la camioneta Toyota RAV de color gris propiedad de Daniela V., causándole rayones y abolladuras». Todo esto ocurrió después de una discusión de tráfico en la Ruta 5 y la calle Demaestri, en General Rodríguez.
«También se ha demostrado que el 8 de diciembre de 2021, a las 2:15 a.m., Valenzuela hizo uso de amenazas para intimidar a Daniela V., con quien previamente había tenido una discusión de tráfico, expresando frases como ‘ya estás marcada, hija de puta, ya te voy a atrapar, ya te voy a encontrar'», afirmó el fiscal en su solicitud de elevación a juicio.
Entre las pruebas consideradas por Ventricelli se encuentran la denuncia de la víctima, los testimonios de una amiga de Daniela V. que presenció los hechos, el personal del Centro de Monitoreo Municipal (COM) de General Rodríguez, un comisario y oficiales de la policía bonaerense, y el propietario de una emisora de radio.